SINTRAEMSDES Medellín. Concejales prometieron transparencia y hacen lo c...

CONCEJALES PRIVATIZADORES 

QUIEREN CULMINAR EL DAÑO QUE INICIARON EN 2013

Sesión Plenaria 312 Agosto 10 de 2021 / Privatización de UNE

Debate sobre el Proyecto de Acuerdo 65, privatización de UNE

Segunda sesión del concejo sobre el proyecto.

Anterior, lunes 9 de agosto 2021.

Sesión Plenaria Concejo de Medellín, 311 Agosto 09 de 2021 PdeA 65, UNE

9 de agosto de 2021, 4:00 PM Concejo de Medellín, 

Socialización Proyecto de Acuerdo 652021. 

Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones accionarias.

ECO Sindical 58 - Julio 2021 Debate [Propuesta de la Gobernación]

Propuesta de la Gobernación

a EPM y al Municipio de Medellín

La Gobernación de Antioquia le ha propuesto al municipio de Medellín y a EPM, venderle el 52,88% de las acciones que esta posee en la sociedad Hidroituango, de tal manera que el 100% de la hidroeléctrica quede de propiedad de EPM. 

Como contraprestación, la gobernación entraría a ser socio de EPM, la propuesta se traduce en ceder los derechos que tiene la gobernación en Hidroituango, para cambiarlos por una participación accionaria en el conglomerado EPM.

El tema no es novedoso al interior del Concejo de Medellín, ni de la Asamblea Departamental: en épocas pasadas han sido parte de las discusiones e intereses de sectores políticos y, por supuesto, de los industriales del departamento que siempre han visto a EPM, como una fuente de recursos, habida cuenta de los jugosos recursos que genera la continua contratación de servicios y obras que en ella se genera.

El surgimiento de la actual composición accionaria de Hidroituango, fue el resultado de una toma hostil, por parte del Departamento de Antioquia, que si bien fue legal, no fue ética,

mucho menos en franca lid en materia del mercado de capitales, situación que no se puede olvidar en relación a la propuesta que hoy se realiza, pues tener un socio en estas condiciones no es para estar tranquilos, teniendo presente que los cambios políticos en la Asamblea Departamental de Antioquia cada que se dan procesos electorales, serán una incertidumbre, una amenaza continua. En cualquier momento la Asamblea puede ceder o vender su participación a un privado, es abrir una puerta a la privatización de la entidad.

La propuesta obliga a trasformar la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), a empresa por acciones, valorar las obras en la actualidad y las aún por ejecutar, la magnitud de los daños por reparar, la casa de máquinas sector 5 a 8 y por supuesto ante la incertidumbre la prueba de la presa a su máximo nivel y el cierre definitivo del túnel, además de las demandas, incluyendo la de la Sociedad Hidroituango a EPM, las multas actuales de la CREG y las que puedan darse si hay incumplimientos futuros y las condiciones adicionales que pueda considerar el ANLA en materia de licencias.

Entendemos los anhelos del Departamento de Antioquia, la necesidad de otras fuentes permanentes de recursos fijos, diferentes a las provenientes del licor y los juegos, reconociendo que el agua que utiliza EPM, principal insumo para la producción de energía, proviene de los municipios, los cuales reciben unas regalías.

Hay varias y diversas inquietudes abiertas y hasta que no se cierren, no es factible concretar acertadamente una salida, habida cuenta que hay que analizar desde el inicio y de las circunstancias que se han dado, sino también de lo que podría ser su futuro, el cual aún es incierto.

Otros activos internacionales como Antofagasta y Bonyic, de los cuales no se recibe lo esperado, por no decir que dan perdidas, deberían ser enajenados y con lo obtenido, comprar la parte privada, así hacerla totalmente pública.

En principio, desde Sintraemsdes, conscientes de que aún no están agotados y concretos todos los elementos y factores que pueden alterar el análisis, conscientes que es el Concejo de la ciudad quien toma la decisión, no estaremos de acuerdo con tal propuesta. 

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ECO SINDICAL 58 - Julio de 2021 / Salud [Pandemia]

LA CRISIS Y EL MANEJO DE LA PANDEMIA

El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque ha sido errática, desacertada e irresponsable, abusando de la declaratoria de emergencia económica, social y sanitaria, la cual utilizó para enriquecer más al sector financiero y al gran capital, y para pauperizar más las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de vida del pueblo colombiano. De los 29 billones de pesos que presupuestó para atender la pandemia, Duque no ha dado a conocer a los organismos de control la ejecución y destinatarios de estos recursos y a pesar de habérselo exigido, solo se conoce la ejecución 3.6 billones, de los cuales

2.3 billones fueron a los bancos, no se garantizó los medios de bioseguridad ni las condiciones laborales dignas al personal de la salud, mientras tanto ha negado la renta básica para la población más pobre.

Aprovechando la emergencia económica hizo una reforma laboral y pensional por decreto, intentó mediante el decreto 811 de 2020, agilizar la privatización de los activos del Estado, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos la enajenación de ECOPETROL y su filial CENIT, pero la justa, valiente e innovadora lucha de los trabajadores de los oleoductos de ECOPETROL contribuyeron a su derogatoria. 

Irresponsablemente descargó la responsabilidad del contagio y las muertes por COVID 19 en los mandatarios locales y en los ciudadanos, con el discurso demagógico de que su contención y disminución es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente del autocuidado. Una vez apareció la vacuna contra el COVID 19, Iván Duque anunció un plan demagógico de vacunación para inmunizar la población colombiana en el 2021, el cual ha fracasado por la lentitud en la llegada de las vacunas y la disponibilidad de personal e infraestructura médica deficiente para su aplicación, sumado a lo anterior la poca transparencia en la compra de las vacunas.

En términos generales la pandemia puso al desnudo los efectos que ha traído la aplicación del modelo económico, político y social (neoliberal), como las grandes debilidades del sistema de salud privatizado, lo mismo que las desigualdades y el empobrecimiento causado por el desempleo y la flexibilización laboral, así como la ausencia de políticas que pongan al centro el bienestar humano.

Una crisis económica actual, agudiza la contradicción capital trabajo y las contradicciones ínter burguesas, entre otras, generando una intensificación de la lucha de clases, que se refleja en todas las esferas de la vida política, pero especialmente en las instituciones estatales, en los partidos políticos, no solo en los de derecha sino también en los partidos políticos democráticos, progresistas, de izquierda e incluso en organizaciones sociales y populares, algunas de las cuales caen en crisis.

La crisis política deja claro que hay unas instituciones burguesas desprestigiadas como: un Congreso de la República, en su mayoría cooptado por la corrupción y el clientelismo, incapaz de hacer un control político al gobierno dictatorial de Iván Duque y a espaldas del pueblo; unas FF.MM vinculadas con el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los DDHH; unos organismos de control concentrados en el ejecutivo y al servicio del mismo; unos partidos políticos tradicionales desprestigiados; un gobierno con un 76% de desaprobación, por ser sordo, ciego y mudo ante los reclamos del pueblo y por el contrario prepotente, reaccionario, dictatorial y vende patria.

Todos los anteriores rasgos de este gobierno han generado estallidos sociales desde el 2019, pasando por el 2020 con todas las medidas de restricción a la movilización y ahora en el 2021 cuyo detonante fue el proyecto de reforma tributaria en plena pandemia.

Esta crisis política ha generado un reagrupamiento o realinderamiento de fuerzas políticas y sociales tanto en el campo burgués como en el campo llamado alternativo. Una de las expresiones de este reagrupamiento ha sido la conformación de tres coaliciones políticas electorales hacia la presidencia y congreso de la república: una de derecha liderada por el Centro Democrático, otra autollamada de centro en cabeza del Sergio Fajardo y el Pacto Histórico que agrupa partidos y organizaciones políticas y sociales del campo popular democrático y progresista, en cabeza de Gustavo Petro, El acuerdo del Pacto Histórico es obligatorio en el actual momento de la lucha de clases en Colombia, es un acuerdo de orden táctico, es una iniciativa de unidad de acción antifascista, aunque limitada a golpear al uribismo, como una fórmula para avanzar en la materialización del frente amplio político y de masas.

Definitivamente, el Paro Nacional del 28 de abril de 2021 desencadenó en un estallido social. La respuesta contundente del pueblo a la convocatoria del paro nacional y al tratamiento de guerra y barbarie represiva del régimen no tiene antecedentes en la historia de Colombia en los últimos años.

Ya es victorioso al lograr “imposibles” como derrumbar la reforma tributaria y la reforma a la salud que eran líneas rojas del gobierno y las oligarquías al servicio del gran capital nacional e internacional, victorias que van ligadas a la desarticulación del equipo económico dirigido por el bandido Carrasquilla, tumbado por la fuerza popular; otra victoria es la persistencia del pueblo y la pérdida del miedo al terror oficial, lo mismo que el derrumbe del uribismo, el respaldo internacional a esta lucha y el rechazo al gobierno de Duque por el tratamiento de guerra al conflicto. 

La oligarquía no puede gobernar como antes porque la economía está sumida entre la crisis profunda de los grandes capitalistas (nacionales y extranjeros), mientras ocurre, en paralelo, que el pueblo NO quiere ser gobernado como antes porque está cansado de lo mismo y exige la paz con justicia social, pero no ha encontrado la salida para lograr eso, porque falta un liderazgo político que esté a la altura de este momento de auge de sus luchas, del gran flujo de masas. Debemos insistir en tratar de construir, plantear ese liderazgo, pero la agudización de la dispersión política e ideológica derivada del realinderamiento político e ideológico y el reagrupamiento de fuerzas al seno del campo popular y democrático, hacen muy difícil que el movimiento salga bien librado de este Paro Nacional en lo relacionado con los asuntos del poder y en los del gobierno como parte del poder, limitándose a

acumular fuerzas sólo en materia de logros tácticos en lo económico y social que potencien la educación y la acción política por el poder.

Las masas atan lo ocurrido desde el 28A a esta fecha, con el recuerdo cercano de lo ocurrido desde el 21N de 2019, debemos asimilar que ese torrente está dando a entender que están por un nuevo gobierno, por otro régimen político distinto y una nueva constitución, pues la tantas veces reformada Constitución del 91 ya vetusta, ha sido rebasada por la lucha de masas antineoliberal.

A pesar del llamado de la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y la iglesia a una salida incruenta al levantamiento popular en curso, el gobierno insiste sin embargo en su política reaccionaria desoyendo los reclamos de los más amplios sectores sociales y la respuesta al poderoso paro nacional es la expedición del decreto 535 del 28 de mayo de 2021, que condensa leyes equivalentes a la “conmoción interior” y refrenda la guerra al pueblo, declarada una vez iniciado el paro del 28 de abril. Este decreto viola flagrantemente la Constitución y la Ley según connotados juristas y académicos, configurándose un “autogolpe” militar de Duque-Uribe, según algunos analistas, partidos y líderes políticos. Esta medida fascista enfrenta un rechazo de un significativo grupo de mandatarios locales y es una expresión de la debilidad de las fuerzas oligárquicas derechistas que con el ímpetu popular han visto caer sus leyes y reformas económicas que les beneficiarían en lo tributario y les daban fabulosas ganancias. 

La respuesta popular a este acto dictatorial de corte fascista es el fortalecimiento de la unidad popular y de las acciones de Paro, para exigir la derogatoria del D. 575 e imponer la negociación de las exigencias del pueblo levantado usando la forma de Paro Nacional 28A.

Las asambleas populares regionales, departamentales y locales como instancias soberanas para recoger las exigencias más sentidas del pueblo y llevarlas a la mesa de negociación con el gobierno, son una alternativa.

“La renuncia de Duque y adelanto de elecciones por un gobierno democrático”, es la consigna política a discutir, no es cuál ministro se va, para eso, es necesario incrementar el rechazo al uribismo obligando a Duque y al Centro Democrático a pronunciarse y dar solución a cosas concretas como LA RENTA BÁSICA y la VACUNACIÓN, el sistema de salud y seguridad social que no se soluciona con la caída del proyecto de Ley 010, porque sigue vigente la Ley 100 de 1993, al igual que atienda las exigencias a los CRÉDITOS ESTATALES para los pequeños y medianos empresarios que generan el 80% del empleo en el país, a fin de airear la economía y abrir opciones de empleo, pero con un auxilio social como la renta básica para sobreaguar los efectos de la pandemia.

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ECO Sindical 58 - Julio de 2021 Lucha Sindical [Huawei]

SEGUIMOS EN ALERTA FRENTE A HUAWEI,

Aún cuando logramos evitar el despido de 61 trabajadores

Con agrado recibimos el pasado viernes 11 de junio de 2021, la notificación de la resolución 1261 del 10 de junio de 2021, expedida por el Ministerio del Trabajo y seguridad social, por medio de la cual se derogó la resolución 4684 del 6 de noviembre de 2019 que había autorizado el despido de 61 trabajadores, y que hacía tránsito en este ente gubernamental a la altura de resolver las apelaciones interpuestas por las partes que interveníamos en este litigio, la cual finiquita el litigio que sosteníamos los trabajadores, con la empresa HUAWEI, que pretendió desde noviembre de 2018 despedir inicialmente 289 trabajadores, al establecer en su parte resolutiva que no proceden los derechos de apelación contra la presente, es decir ya es Cosa Juzgada.

Fue duro para todos los trabajadores, para nuestra organización sindical el calvario al que nos vimos sometidos durante más de dos años, tiempo en el cual intervinimos las organizaciones sindicales y algunos trabajadores que se hicieron parte en la causa objeto del proceso.

Acertamos desde un principio el haber ubicado los intereses que tenía el Ministerio de Trabajo - Regional Antioquia, que no
garantizaba una correcta defensa de nuestros trabajadores, que no daba confianza al observar sus actuaciones parcializadas en diferentes litigios. 

En esta Dirección Territorial, el director tiene parentesco sanguíneo de primer grado con personal vinculado a la compañía UNE, compañía contratante de Huawei que le impiden a esta dirección parcialidad en asunto jurídicos, inducían a esta seccional a tomar decisiones de fondo en favor de Huawei, por encima de los argumentos legítimos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales cuando presentamos nuestra solicitud del trámite de poder preferente, que conllevó a que el proceso fuera asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio en Bogotá.

A la par del anterior trámite, muchos de los trabajadores fueron sometidos a prácticas de acoso laboral, procesos disciplinarios, producto de la perversa, cruel e inhumana táctica laboral empresarial que, bajo el argumento de una difícil situación financiera, afirma que “es necesario reducir costos”. Táctica que conllevó al despido de varios trabajadores, incluidos algunos directivos sindicales, procesos
disciplinarios en los cuales se les acusó de faltas que desde nuestra óptica no eran causales de despido, pero que culminaron de manera unilateral con el despido o sanción de varios trabajadores. Algunos de los sometidos a procesos disciplinarios fueron exonerados de cualquier responsabilidad, como el caso de compañeros que inicialmente fueron despedidos. Se aplicó una política laboral de persecución, anulación e intimidación que llevan los empresarios de esta multinacional en su ADN y que persiste aún como manera de ejercer la conducción de las actividades empresariales, una conducción de la empresa que se ejerce sobre el sometimiento de los trabajadores a condiciones antisindicales, basadas en la intimidación, violación a la Convención colectiva e incluso de medidas de bioseguridad.

El ofrecimiento o chantaje con la política de planes de retiro voluntario, acoso laboral, y persecución, fue y sigue siendo una constante que aún persiste como estrategia empresarial, la reducción de más del 50% de la planta de personal así lo indica en estos 5 años últimos, ofrecimiento del que un buen número de trabajadores se vieron obligados, al no observar posibilidades de triunfo ante las presiones constantes de una dirección inhumana que los confinó, impidiéndoles incluso poder interactuar o discutir sobre su propio futuro de manera colectiva, que los obligó incluso a realizar funciones degradantes en su calidad de profesionales.

Muchos elementos intervinieron en esta decisión final en la cual se deroga la resolución que daba pie para el despido de 61 trabajadores: de un lado la firme resistencia de un grueso de trabajadores que no conciben ni aceptan los planes de retiro voluntario, fracasando así las pretensiones de Huawei. De otro lado, los argumentos planteados por las organizaciones sindicales que vieron un proceso lleno de errores al no practicarse pruebas exigidas y que eran conducentes a la defensa de los trabajadores.

Sin embargo, fuimos invitados por la dirección de la compañía a solicitar el aplazamiento de la ejecución de la resolución de despido al Ministerio de Trabajo, donde los sindicatos elaboráramos de manera conjunta un comunicado en dicha dirección. Fue una manera subliminal que comprometía a nuestra organización sindical en particular, tomamos la decisión de no hacerlo y, por el contrario, fuimos del criterio que tal situación la generó la entidad y que en ese mismo sentido esperaríamos el fallo de nuestras impugnaciones. Mucho menos realizaríamos comunicados conjuntos con otras organizaciones sindicales, habida cuenta del argumento y expresión en la misma reunión, donde una de ellas estuvo de acuerdo con redactar el comunicado.

Argumentaban, que era mejor “un buen acuerdo que un despido colectivo”, que era mejor “salir bien liquidados, con un buen arreglo que no despedidos con una indemnización mínima”. Desde nuestra óptica era una forma de respaldar el retiro voluntario, más cuando se atrevieron a planteárselo a algunos trabajadores posteriormente, tratando de quebrantar la orientación de nuestro sindicato, una manera practica de ejercer paralelismo sindical.

Nuestra postura siempre fue férrea al indicar que NO compartimos desde ninguna óptica el retiro voluntario, mucho menos firmar conjuntamente con el patrón este tipo de solicitudes. Las exigencias económicas que se impusieron a Huawei como medida para el despido de los 61 trabajadores, de manera perentoria en la resolución no estaban a su alcance para poderlas cumplir. La patronal, ante esta imposibilidad debió, unilateralmente, retirar su solicitud de despido, sin colaboración o sumisión de los sindicatos.

Seguimos en alerta, considerando que la intensión del empresario chino sigue intacta, lo cual nos lleva a doblar esfuerzos en la defensa de nuestros trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en Sintraemsdes. Nos estimula para seguir en la defensa, el haber logrado la medida revocatoria.

No fue buen negocio de UNE EPM entregar parte de sus

activos, incluido 601 trabajadores a Huawei

NO Es buen negocio para EPM vender las acciones que tiene

en UNE

HUAWEI

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ECO Sindical 58 - Defensa de lo público: Acciones de UNE.

¿Es buen negocio para EPM

vender las acciones que tiene en UNE?

8 de mayo de 2013, 

SINTRAEMSDES YA AVISABA DEL DESASTRE

Cada cuatro años llega a la ciudad un alcalde por elección popular y como todos, durante su campaña electoral, presentan múltiples propuestas a los ciudadanos en los terrenos económico, social y político.

EPM siempre será referente y fuente para cualquier propuesta de ciudad por sus altas ganancias y en consecuencia es la mayor fuente de ingresos para el municipio de Medellín. Además, este ente público, permite ofrecer altos contratos en cada uno de los servicios que presta, cuando se identifican múltiples necesidades de cobertura a medida que se proyectan y expanden ciudad y el departamento y en los tiempos actuales, cuando EPM incrementa su incidencia de orden nacional. 

La empresa se expande en los diferentes negocios, actúa como particular en asocio con públicos y privados, resuelve las necesidades de sostenimiento, cobertura y ampliación de redes en materia de servicios públicos. Recordemos que EPM ha sido denominada la Joya de la Corona, por sus excelentes resultados económicos, que codician los privados.

Sin embargo, la práctica nos está diciendo que este Capital Monopolista de Estado se lo apropian los privados de diferentes formas, como ha venido sucediendo en los últimos 20 años con EPM. La usan como fuente de recursos para los privados así legalmente sea 100% publica.

El modelo de desarrollo adoptado por el país desde hace ya mas de 20 años, indica que el Estado debe permitir que este tipo de funciones, como la prestación de servicios públicos, debería realizarse por intermedio de entes privados y no públicos como lo son las EPM. Pretenden que las entidades que aún no lo son, paulatinamente sean privatizadas, bien sea de manera directa o indirecta. El método para hacerlo depende de las condiciones concretas que cada municipio posea sobre este tipo de bienes fuentes de servicios, y el sentido de pertenencia que la sociedad tenga, que presupone un elemento de resistencia si le quieren

expropiar el recurso.

Desde el año 2006 se autorizó por el alcalde y el concejo de la ciudad, separar el componente de la telefonía de EPM, dando lugar a la constitución de una filial, UNE EPM Telecomunicaciones, con capital totalmente publico, acto que fue materializado con la aprobación del Acuerdo 106 de 2013.

Posteriormente se autorizó por el alcalde Aníbal Gaviria y el Concejo de la ciudad, vender el 49% menos una accion de UNE EPM Telecomunicaciones a la multinacional Millicom. El 15 de agosto de 2014 se firmó la escritura pública de fusión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Millicom Spain Cable S.L, para integrar sus intereses en los negocios fijo y móvil en Colombia, representados por UNE EPM Telecomunicaciones y sus subsidiarias, y Colombia Móvil-TIGO.

La entidad pasó a ser un ente de naturaleza mixta, cambiando con ello las reglas de juego, de tajo sus trabajadores pasaron de ser servidores públicos a ser trabajadores privados. 

Además, se firmó un contrato entre los accionistas para la administración, control y desarrollo de la entidad por la cual el socio minoritario debió cancelar a EPM US 150 millones. Se establecieron las condiciones y derechos de cada uno de los integrantes de la sociedad, y se pactó una cláusula conocida como DRAG ALONG, que en el contrato se estableció como confidencial.

Las cláusulas de este tenor se establecen en el mercado de capitales, donde uno de los socios, mayoritario o minoritario, se hace al control total de la compañía, se limitan algunas acciones a alguno de los socios con la complacencia del otro u otros, de tal manera que estas no tengan el poder de voto en las decisiones de la compañía, de tal manera que, cualquier decisión futura que se tome, goce de plena legalidad; se establece el numero de integrantes de su junta directiva y los cargos y facultades de estos. 

EPM al parecer, por dicha prima supuestamente pagada, otorgó el control total al socio privado Millicom, su junta directiva compuesta de siete integrantes solo tiene el derecho a nombrar tres y su presidencia le fue otorgada al socio privado, de procedencia sueca (Millicom).

Dicha cláusula de confidencialidad está pactada a 10 años, condicionada a que, si uno de los socios al año 2021 desea retirarse de la sociedad, debe comunicárselo al otro, ofreciéndole comprar sus acciones de nuevo o vender las suyas. De no ser

posible entre los socios esta transición, ambos están obligados a vender sus acciones totalmente en el mercado de capitales a un tercer oferente, previo el lleno de requisitos legales que para el caso se exigen.

En medio de la crisis por la que atraviesa EPM a raíz de lo sucedido en Hidroituango, la entidad está demandando altas sumas de dinero para mitigar y continuar las inversiones que esta obra demanda, de tal manera que se pueda terminar la construcción y puesta en operación de la Central Hidroeléctrica.

Es un egreso que EPM debe asumir mientras se resuelve el litigio jurídico que determine quien debe pagar los daños causados, que se han calculado en 9.9 billones de pesos.

Somos conocedores de las diferentes posturas asumidas por diferentes actores, en el terreno económico, político y social, posturas que han llevado a que la situación sea mucho más gravosa para EPM, que ahora padece la presión de los entes prestamistas internacionales, quienes endurecen las exigencias para nuevos créditos, con la posibilidad de hacer efectivos los actuales empréstitos de inmediato, de las calificadoras de riesgos internacionales que dosifican el pago de lo asegurado, aun habiendo reconocido su responsabilidad, con la intencionalidad

de que la culminación de la mega obra se haga más dificultosa en el tiempo acarreando otras consecuencias, y por supuesto las sanciones de que se es objeto por parte de la Agencia Nacional de licencias Ambientales, ANLA.

Sumado a estas situaciones los supuestos responsables, el grupo GEA, con sus compañías constructoras, diseñadoras, Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa, Ramon H. e Integral señalados entre otros en el informe producido por Advanta sobre la causa raíz, se niegan a asumir su responsabilidad, situación esta última que desde el interior de EPM, en el grupo de profesionales tiene su caja de resonancia, lo que los ubica como defensores de lo privado y por ende de los integrantes de la junta directiva que se vio obligada a renunciar, bajo una serie de argumentos desde nuestra óptica politiqueros.

En medio de esta crisis, la administración municipal toma la decisión por intermedio de la Junta directiva de EPM, de pedir ante el concejo de la ciudad, facultades para vender las acciones que posee en UNE EPM telecomunicaciones.

Desde nuestro sindicato, Sintraemsdes Medellín, no compartimos la medida tomada por EPM y en contraposición a esta hemos planteado que la compañía de telecomunicaciones hay que regresarla totalmente a EPM de tal manera que sea de propietario único y 100% publica, para lo cual se debe ofertar la venta de los activos internacionales que no aportan en materia de ingresos al ente Autónomo.

Vender en estos momentos de crisis este activo de las telecomunicaciones, por demás estratégico para el país, es poner en riesgo la seguridad nacional de los colombianos, es darle a un privado el control total de nuestro espectro, es entregar al capital internacional el control del país en este vital negocio, por lo demás de alta rentabilidad. Vender estas acciones es un problema coyuntural para EPM, que por un lado necesita liquidez, pero que por el otro está vendiendo un activo estratégico que, para varios expertos, nunca debió haber salido de EPM. 

Fue una cadena de “errores” graves, cometidos por concejales y alcaldes en administraciones anteriores que autorizaron tales procedimientos, una manera de conspiración institucional contra el municipio y por ende contra los ciudadanos de Medellín. 

En medio del debate aparecen opciones a discutir: ¿Es válido vender ahora los activos de EPM en el extranjero, que no son rentables?

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ECO 58 - Julio de 2021 / Lucha sindical [Convención EPM]

Defensa de la Convención y problemáticas en EPM

Es bien conocido por parte de la clase trabajadora que una convención colectiva es el resultado de la negociación colectiva de un pliego de peticiones, en donde se establecen y se dejan de manera expresa los acuerdos entre las partes: de un lado los trabajadores representados por su organización sindical y del otro, los empleadores, representados por su gerente o quien este autorice.

Los sindicatos no son más que una forma de organización de los trabajadores con el objetivo de velar por sus intereses, los cuales abarcan condiciones económicas, sociales y si se quiere políticas que redunden o conduzcan a mejores condiciones de vida y trabajo.

A través del tiempo y bajo la arrasadora política neoliberal del régimen político del país, encabezado hoy por el presidente Iván Duque, se ha vuelto más compleja la situación en términos de derechos y garantías laborales, es la clara catadura de un

régimen que legisla para una clase y no para la población en general, de un congreso que expide leyes para la clase dominante y garrote para los trabajadores, de un régimen que viola los principios del estado social de derecho en que reposa nuestra carta magna, un estado que cada vez se convierte con su actuar “legal”, mas no legitimo en antidemocrático. 

Las leyes que se expiden en Colombia en términos laborales son cada vez más proclives a proteger los intereses de los explotadores, a quiénes se les garantiza todo tipo de soporte jurídico, para cada día esclavizar más la fuerza laboral de este país. 

Esta situación no es ajena al interior de EPM, en la actualidad convergemos varias organizaciones sindicales de las cuales sólo dos contamos con convención colectiva, y solo Sintraemsdes desde el año 1958 ha logrado sostener los derechos.

Pero, como no todo es color de rosa, en el año 2001 cuando se creó una organización sindical paralela a Sintraemsdes. Desde su creación contó con la bendición de la Administración del momento, casi podríamos decir por el GEA. Su plataforma de lucha no fue otra que seguir el libreto que la administración de EPM le dictara, lo que, a través del tiempo, en mucho o nada ha cambiado, es por ello que en la última negociación realizada a finales de 2019 e inicios del 2020 Sintraemsdes con el propósito de mejorar las condiciones y bienestar de sus afiliados, logró llegar a un acuerdo con la administración actual, acuerdo en el cual se llevaron planteamientos que recibieron un no rotundo, pero que esas mismas solicitudes, del otro sindicato, si recibieron la bendición de la administración. 

En vista de esto y debido que cuando Sintraemsdes logró llegar a un acuerdo con

la administración, si se le hizo extensivo el beneficio a la organización sindical patronal, por lo cual reclamamos igualdad en el trato laboral.

En este orden de ideas, elevamos la petición y estamos a la espera de firmar un acta extra convencional para que, de igual forma, se le haga extensivo a Sintraemsdes, si bien los beneficios convencionales quedan plasmados en las convenciones colectivas, tiene una relevancia equiparada con la ley. También es cierto que hay una tendencia a que se den violaciones de esta, las violaciones se pueden hacer en dos sentidos; uno de ellos puede hacerse por desconocimiento, otra forma puede hacerse de forma premeditada, cualquiera que fuere la forma en últimas el afectado será el trabajador, debido a que se viene evidenciando violación sistemática de los Derechos Convencionales.

Hemos sostenido una serie de reuniones con la administración con el fin de parar el abuso por parte de algunos compañeros que ejercen en calidad de jefes o mandos medios, pero consideramos que no basta con hablarlo en una reunión, se hace necesario que Los afectados nos lo manifiesten y que nos acompañen en cualquier proceso que llevemos a cabo para no permitir abusos ni interpretaciones amañados de nuestros derechos y mucho menos en menoscabo de nuestra convención colectiva.

En la actualidad se viene presionando a una población de tecnólogos a quienes se les quiere Modificar el contrato de trabajo, a través de un otrosí. Se viene desarrollando una serie de modificaciones de los turnos y otras problemáticas más, de las cuales hemos sentado nuestra posición y hemos dicho no las compartimos. No podemos permitir que a través de amenazas y presión vulnere nuestra dignidad como clase trabajadora, no podemos permitir el acoso laboral disimulado, ni acoso de otra índole tal como se nos ha informado en los últimos días por parte de algunos trabajadores, de diferentes dependencias, así entonces seguiremos en pie de lucha, siempre con la firmeza y la beligerancia que nos caracteriza. No podemos desfallecer en la unidad como clase trabajadora y mucho menos en dejarnos arrebatar nuestras conquistas que nos ha costado muertos y

sacrificios incalculables.

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