Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, las Corporaciones Autónomas, los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, “SINTRAEMSDES”
UNA
ESTRATEGIA PARA PRIVATIZAR
Desde el año 2006 EPM decide separar o escindir el componente de Telecomunicaciones de la casa matriz, conformando una empresa dedicada exclusivamente a la prestación de este servicio, la cual inició como una de sus filiales, previa autorización que fue otorgada por el acuerdo 45 del 2005,
En el 2013 el concejo de Medellín, siendo alcalde de la
ciudad Aníbal Gaviria, aprobó el acuerdo 17 del 2013, autorizando a UNE EPM
telecomunicaciones, cambiar su naturaleza jurídica, buscar un socio estratégico
y poder otorgarle a este, la administración y gestión del negocio, que implicó el control total de este patrimonio público, acto que se materializó en el año
2014 mediante escritura pública, vendiéndole
el 49% menos una acción, de la entidad filial UNE EPM Telecomunicaciones a la
multinacional Millicom.
Firmándose, además, un contrato en favor de Millicom en calidad de accionista, en el cual se le cedió la administración, gestión y control, debiendo cancelar a EPM US 150 millones. En dicho contrato se establecieron las condiciones y derechos de cada uno de los integrantes de la sociedad, en donde en una de sus cláusulas conocida como DRAG ALONG, se establecieron una serie de condiciones que materializan una posible salida o disolución de la sociedad, sin embargo, el contrato fue elevado a título de confidencial. Intuimos que en esta confidencialidad se establecieron criterios de tal magnitud que hoy la población de Medellín se siente que fuimos engañados por el alcalde Aníbal Gaviria y los concejales que aprobaron el acuerdo incluida la ponente de este acuerdo Aura Marleny Arcila.
Presumimos que
en él, se configuran elementos de corrupción, al ceder a un privado el manejo
de un recurso público, para que haga con el lo que considere, sin ningún tipo
de control, pues hasta su junta directiva fue cedida en términos de mayorías
para tomar decisiones, conscientes los concejales que el interés privado es
diametralmente opuesto al interés público.
Indiscutiblemente, vender o no
la participación accionaria de EPM, adquiere la connotación de una decisión de
orden político, que le corresponde tomar a ustedes los concejales, los
políticos de la ciudad, donde varios de ustedes en el pasado tomaron la decisión
de autorizar la fusión, argumentando entre otros elementos la necesidad de un
socio estratégico, con musculo financiero, de talla mundial, con capacidad para
enfrentar los avances y retos que impone el cambiante mundo de las tecnologías,
de tal manera de poder garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, y
obtener recursos para el municipio, habida cuenta que los riesgos a los que nos
encontraríamos sometidos en el sector de las TIC, eran y siguen siendo de tal envergadura, que podríamos desaparecer del negocio.
En aquel entonces, sostuvimos
los trabajadores, que ceder la administración y la gestión al socio privado y
con su condición de minoritario en la sociedad accionaria, por robusto que
fuera financieramente, no era garantía para la conservación del patrimonio público,
ni para la sostenibilidad, mucho menos para obtener ingresos de un capital público
invertido, en un negocio que no podríamos controlar ni administrar y en el que
incluso hoy, EPM siendo mayoritario, se le niega conocer del negocio.
Argumentamos hasta la saciedad, que era mayor riesgo al que nos exponíamos y
sometíamos el patrimonio público que aportaríamos al negocio, debido a que los
dineros públicos, no deberían ser administrados por los particulares sin el control
efectivo de la administración pública.
Hoy nos ratificamos en que las
condiciones en que se realizó el negocio en ese entonces evidencian que se
equivocaron los concejales y la administración municipal: el negocio que
realizaron no trajo rentabilidad social para los dueños, los usuarios, mucho
menos rentabilidad económica para la administración municipal.
Que el negocio realizado, por
las características en que se llevó a cabo, lo calificamos como una estafa al
municipio de Medellín, somos conocedores que cursan acciones jurídicas en
juzgados de la ciudad, por parte de algunos ciudadanos por tales procedimientos,
en donde, además, se señala de inmoralidad publica, a aquellos concejales que
dieron su aval en la época, que de ser cierto podríamos endilgarles, traición
al municipio de Medellín. Para completar el acto es necesario advertir que Millicom,
no figuraba en un puesto considerable en el ranquin mundial de las empresas o
grandes operadores, como potencia en materia de TIC, como para haber sido
escogido como socio estratégico.
Qué es lo que se va a vender
entonces, nos preguntamos los trabajadores y muchos de los usuarios, si aún no
hay claridad de las condiciones en que se desarrolló el negocio, no conocemos
la totalidad del articulado del contrato que se firmó con Millicom. En esas
condiciones no puede ser posible autorizar una venta de un bien público que es
nuestro, pero que desconocemos con certeza su valor real, no sabemos cuanto
vale lo que poseemos, porque nuestro socio tiene la potestad, como hasta el
momento lo hace, de negarnos la información del bien que poseemos, de donde se
desprende que, cualquier valor que hoy le atribuyamos a nuestro bien, es mera
especulación, es una valoración que no obedece a la realidad, ya que la
información solo la posee real, el socio controlador y por su condición e
interés en el negocio, no le es dable aun entregarla, puesto que estaría
atentando contra su propio interés económico.
En cuanto a los trabajadores, las
consecuencias son funestas, desde el 2013 hemos sido sometidos a todo tipo de
presiones internas, a la perdida de un buen numero de empleos, al retiro
forzoso, o mal llamado “retiro voluntario”, el que producto de la presión,
intimidación y degradación laboral, muchos de nuestros compañeros se vieron en
la obligación de admitirlo, antes que perder su dignidad como seres humanos,
ante el sometimiento a que se vieron expuestos.
Además, que 601 trabajadores fueron cedidos a la empresa China Huawei,
por medio de un contrato que otorgo la compañía, para operar algunos procesos
técnicos, donde fueron sometidos a mayores presiones, a un campo de
concentración laboral, en el argot de los trabajadores, de los cuales a la
fecha registramos el despido o muerte laboral de más de 300 trabajadores, entre
el año 2016 y 2021.
No entendemos, mucho menos
compartimos, que ustedes quienes hemos elegidos los ciudadanos a este cuerpo
legislativo, actúen en contravía al mandato que los ciudadanos les entregamos, de
conservar el patrimonio público. Y no entendemos habida cuenta que no aparece
por ningún lado la rentabilidad social en materia de los servicios de
telecomunicaciones y mucho menos la rentabilidad económica.
Dos criterios para tomar
determinaciones.
Quienes parten exclusivamente
del criterio que el negocio de las telecomunicaciones es por encima de
cualquier otra consideración, para obtener rentabilidad, y quienes consideramos
que, debe generar rentabilidad social en primer lugar y rentabilidad económica
en segundo lugar.
La postura de quienes parten
de ver a la entidad, solo como una fuente exclusivamente de rentabilidad económica,
donde solo interesa la sociedad como consumidora, donde los dueños mayoritarios,
no contamos para tomar la decisión, seremos condenados al pago de tarifas
altas, que de seguro se regirá únicamente por el criterio de la máxima rentabilidad,
en el menor tiempo posible, situación
que incluso en estos momentos de pandemia, esta sociedad no tuvo ninguna
consideración social en contribuir con los usuarios, habida cuenta de su condición natural de privado.
Los acuerdos comerciales entre
empresarios privados para fijar aumentos de tarifas, será una consecuencia
funesta para la población usuaria, de aprobarse la venta. Recordemos que en un
principio se tomaron medidas, por parte de nuestros legisladores, que solo
beneficiaron a los operadores privados, en detrimento de lo público, situación que
soporto UNE, cuando aún era totalmente pública.
Los argumentos para la venta los
podríamos resumir en:
a. Que el
objeto social de EPM es la prestación de servicios públicos domiciliarios y no
el de telecomunicaciones. Recientemente el país declaro que el servicio de
internet es esencial* , expidiendo la ley de Internet, bajo esta consideración,
EPM debe considerar la prestación de este servicio, que implica estar liga a la
empresa de Telecomunicaciones de la cual es socia, debe por lo demás, antes que
vender, trabajar por que esta entidad, sea totalmente publica, incluyendo este
servicio como uno de los negocios estratégicos, de tal manera que pueda
brindarle a los usuarios mejores condiciones de bienestar y seguridad, como
parte de la responsabilidad social del municipio con los usuarios, situación
que implica que no es conveniente para la ciudad, desligarnos hoy de las
inversiones que se tienen en UNE EPM Telecomunicaciones y en las Telco.
Nota: * Ley 2108, del 29 de julio 2021: "LEY DE INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y UNIVERSAL"
b. La
inversiones presentes y futuras.
En la actualidad el negocio exige de
inversiones, ante la necesaria renovación de licencias, pago de deuda y la
posible incursión al final del año, de la entrada en 5G, en la cual habrá que
estar presente, de salir la licitación que tiene proyectado el gobierno
nacional. Al respecto debemos decir que el negocio hasta el momento se ha
sostenido, su perfil financiero es adecuado, dado que su apalancamiento es
estable. Como se espera un comportamiento estable en los ingresos, aun con las
presiones competitivas y las presiones de la competencia, incluida la que
ejerce el nuevo operador WOM, con su táctica de penetración agresiva.
Esta es una realidad a la cual no escapa UNE EPM, al igual que los demás operadores presentes en el país, pero que se resolverá como hasta el momento se ha realizado, con el forzoso castigo de no recibir dividendos, y en caso tal, de tenerlo que realizar, en el primer trimestre de 2022 entra en operación Hidroituango, de donde se podrá destinar un porcentaje para tales inversiones en UNE, habida cuenta que al momento de entrar en operaciones, también se suspende el cobro por incumplimientos y sanciones por la venta de energía futura, sin desconocer que UNE con su buena reputación crediticia, podría solicitar crédito ante la banca internacional por si sola y de esta manera asumir las necesidades de inversión que exige, las diferentes situaciones en las que se debe invertir, asumiendo incluso los riesgos de manera conjunta con el inversionista.
c. EPM, no debe salir de un activo que hoy posee con situación financiera estable, no debe salir de sus recursos estratégicos en el territorio nacional, mientras otros activos en el exterior, improductivos siguen demandando inversiones para su sostenimiento, de paso obsérvese que dichos activos en el exterior es mínimo, por no decir que cero, lo que aportan a los ingresos de EPM, es preferible invertir en el país aportando al desarrollo nacional, que no en el exterior, la política de inversión en el exterior en términos generales, podemos calificarla como de total fracaso. Los recursos que está exigiendo Hidroituango deberán provenir de otras fuentes de financiación, diferentes a la planteada a través de la desinversión en Une EPM telecomunicaciones.
De otro lado, quienes
consideramos que la rentabilidad social debe de ser un imperativo presente en
las telecomunicaciones, consideramos que no se puede mirar exclusivamente, como una
fuente de máximos ingresos, en detrimento de la rentabilidad social, sin
desconocer que, debe generar rentabilidad económica que permita su
sostenimiento y así aportar a la inversión social de la ciudad, que garantice
seguridad nacional, pues de lo contrario, es poner al país en estado de
vulnerabilidad, en tanto la seguridad nacional estaría en manos de las empresas
privadas que controlarían nuestro espectro electromagnético, una sensible
perdida de este recurso natural, el espectro, un problema de soberanía.
Consideramos además que,
independientemente de esta citación, la decisión se tomará a espaldas de los
dueños, ante la falta de la total información sobre lo que rodea esta
fundamental decisión, sobre un patrimonio público, que por lo demás también es
estratégico para el país, además que su socialización en escaso un mes, no
permite a la población, tomar las decisiones bajo un riguroso estudio de los
pro y contras.
Si somos terceros en Ingresos,
generamos flujo de efectivo constante y si se espera un comportamiento estable
en el mediano plazo en materia financiera, debemos posponer esta decisión,
esperar el comportamiento del mercado en un corto tiempo, pues los riesgos los
correríamos todos, incluidos nuestros competidores, de tal manera que entre en
operación Hidroituango, esto nos dé mejores condiciones, si las presiones o
necesidades financieras a las que estamos hoy sometidos nos lo exigen, así
hacer frente a requerimientos de capital, pensando que por más estratégicos que
sean nuestras inversiones en el exterior, nacionalmente nuestras
telecomunicaciones son estratégicas y nuestro personal trabajador esta en
condiciones de enfrentar los desafíos técnicos que el mundo impone hoy.
No, no consideramos que
nuestro bien público, UNE, se deba vender, pues la experiencia como en el caso
de los 70.000 millones adelantados, de los 1,2 billones aprobados en el orden
nacional, con destino a implementar internet gratuito para la población lo
advierte, consideración que es el resultado de la ley de internet que lo elevó
a servicio esencial, más cuando este solo elemento presupone que este debería
ser gratuito en Medellín, pues el componente mayoritario en la sociedad es de
propiedad estatal, intuyen estas situaciones grados de corrupción y
desconfianza a lo cual no escapa el municipio, cuando incluso no se considera
la sustitución laboral para sus trabajadores, en un proyecto de acuerdo, que
además adolece de la totalidad de la información sensible y actualizada del
negocio en lo que corresponde a ingresos, valoración del activo y alcances de
Compañía,
Seria imperdonable por la
población, que se tome una decisión con tanta inconsistencia, solo por una
necesidad financiera, como Hidroituango, que consideramos, su fuente de ingreso
para su culminación debe provenir de otra fuente de financiación diferente a
UNE EPM Telecomunicaciones.
La Gobernación de Antioquia le ha propuesto al municipio de Medellín y a EPM, venderle el 52,88% de las acciones que esta posee en la sociedad Hidroituango, de tal manera que el 100% de la hidroeléctrica quede de propiedad de EPM.
Como contraprestación, la gobernación entraría a ser socio de EPM, la propuesta se traduce en ceder los derechos que tiene la gobernación en Hidroituango, para cambiarlos por una participación accionaria en el conglomerado EPM.
El tema no es novedoso al interior del Concejo de Medellín, ni de la Asamblea Departamental: en épocas pasadas han sido parte de las discusiones e intereses de sectores políticos y, por supuesto, de los industriales del departamento que siempre han visto a EPM, como una fuente de recursos, habida cuenta de los jugosos recursos que genera la continua contratación de servicios y obras que en ella se genera.
El surgimiento de la actual composición accionaria de Hidroituango, fue el resultado de una toma hostil, por parte del Departamento de Antioquia, que si bien fue legal, no fue ética,
mucho menos en franca lid en materia del mercado de capitales, situación que no se puede olvidar en relación a la propuesta que hoy se realiza, pues tener un socio en estas condiciones no es para estar tranquilos, teniendo presente que los cambios políticos en la Asamblea Departamental de Antioquia cada que se dan procesos electorales, serán una incertidumbre, una amenaza continua. En cualquier momento la Asamblea puede ceder o vender su participación a un privado, es abrir una puerta a la privatización de la entidad.
La propuesta obliga a trasformar la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), a empresa por acciones, valorar las obras en la actualidad y las aún por ejecutar, la magnitud de los daños por reparar, la casa de máquinas sector 5 a 8 y por supuesto ante la incertidumbre la prueba de la presa a su máximo nivel y el cierre definitivo del túnel, además de las demandas, incluyendo la de la Sociedad Hidroituango a EPM, las multas actuales de la CREG y las que puedan darse si hay incumplimientos futuros y las condiciones adicionales que pueda considerar el ANLA en materia de licencias.
Entendemos los anhelos del Departamento de Antioquia, la necesidad de otras fuentes permanentes de recursos fijos, diferentes a las provenientes del licor y los juegos, reconociendo que el agua que utiliza EPM, principal insumo para la producción de energía, proviene de los municipios, los cuales reciben unas regalías.
Hay varias y diversas inquietudes abiertas y hasta que no se cierren, no es factible concretar acertadamente una salida, habida cuenta que hay que analizar desde el inicio y de las circunstancias que se han dado, sino también de lo que podría ser su futuro, el cual aún es incierto.
Otros activos internacionales como Antofagasta y Bonyic, de los cuales no se recibe lo esperado, por no decir que dan perdidas, deberían ser enajenados y con lo obtenido, comprar la parte privada, así hacerla totalmente pública.
En principio, desde Sintraemsdes, conscientes de que aún no están agotados y concretos todos los elementos y factores que pueden alterar el análisis, conscientes que es el Concejo de la ciudad quien toma la decisión, no estaremos de acuerdo con tal propuesta.
Con agrado recibimos el pasado viernes 11 de junio de 2021, la notificación de la resolución 1261 del 10 de junio de 2021, expedida por el Ministerio del Trabajo y seguridad social, por medio de la cual se derogó la resolución 4684 del 6 de noviembre de 2019 que había autorizado el despido de 61 trabajadores, y que hacía tránsito en este ente gubernamental a la altura de resolver las apelaciones interpuestas por las partes que interveníamos en este litigio, la cual finiquita el litigio que sosteníamos los trabajadores, con la empresa HUAWEI, que pretendió desde noviembre de 2018 despedir inicialmente 289 trabajadores, al establecer en su parte resolutiva que no proceden los derechos de apelación contra la presente, es decir ya es Cosa Juzgada.
Fue duro para todos los trabajadores, para nuestra organización sindical el calvario al que nos vimos sometidos durante más de dos años, tiempo en el cual intervinimos las organizaciones sindicales y algunos trabajadores que se hicieron parte en la causa objeto del proceso.
Acertamos desde un principio el haber ubicado los intereses que tenía el Ministerio de Trabajo - Regional Antioquia, que no
garantizaba una correcta defensa de nuestros trabajadores, que no daba confianza al observar sus actuaciones parcializadas en diferentes litigios.
En esta Dirección Territorial, el director tiene parentesco sanguíneo de primer grado con personal vinculado a la compañía UNE, compañía contratante de Huawei que le impiden a esta dirección parcialidad en asunto jurídicos, inducían a esta seccional a tomar decisiones de fondo en favor de Huawei, por encima de los argumentos legítimos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales cuando presentamos nuestra solicitud del trámite de poder preferente, que conllevó a que el proceso fuera asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio en Bogotá.
A la par del anterior trámite, muchos de los trabajadores fueron sometidos a prácticas de acoso laboral, procesos disciplinarios, producto de la perversa, cruel e inhumana táctica laboral empresarial que, bajo el argumento de una difícil situación financiera, afirma que “es necesario reducir costos”. Táctica que conllevó al despido de varios trabajadores, incluidos algunos directivos sindicales, procesos
disciplinarios en los cuales se les acusó de faltas que desde nuestra óptica no eran causales de despido, pero que culminaron de manera unilateral con el despido o sanción de varios trabajadores. Algunos de los sometidos a procesos disciplinarios fueron exonerados de cualquier responsabilidad, como el caso de compañeros que inicialmente fueron despedidos. Se aplicó una política laboral de persecución, anulación e intimidación que llevan los empresarios de esta multinacional en su ADN y que persiste aún como manera de ejercer la conducción de las actividades empresariales, una conducción de la empresa que se ejerce sobre el sometimiento de los trabajadores a condiciones antisindicales, basadas en la intimidación, violación a la Convención colectiva e incluso de medidas de bioseguridad.
El ofrecimiento o chantaje con la política de planes de retiro voluntario, acoso laboral, y persecución, fue y sigue siendo una constante que aún persiste como estrategia empresarial, la reducción de más del 50% de la planta de personal así lo indica en estos 5 años últimos, ofrecimiento del que un buen número de trabajadores se vieron obligados, al no observar posibilidades de triunfo ante las presiones constantes de una dirección inhumana que los confinó, impidiéndoles incluso poder interactuar o discutir sobre su propio futuro de manera colectiva, que los obligó incluso a realizar funciones degradantes en su calidad de profesionales.
Muchos elementos intervinieron en esta decisión final en la cual se deroga la resolución que daba pie para el despido de 61 trabajadores: de un lado la firme resistencia de un grueso de trabajadores que no conciben ni aceptan los planes de retiro voluntario, fracasando así las pretensiones de Huawei. De otro lado, los argumentos planteados por las organizaciones sindicales que vieron un proceso lleno de errores al no practicarse pruebas exigidas y que eran conducentes a la defensa de los trabajadores.
Sin embargo, fuimos invitados por la dirección de la compañía a solicitar el aplazamiento de la ejecución de la resolución de despido al Ministerio de Trabajo, donde los sindicatos elaboráramos de manera conjunta un comunicado en dicha dirección. Fue una manera subliminal que comprometía a nuestra organización sindical en particular, tomamos la decisión de no hacerlo y, por el contrario, fuimos del criterio que tal situación la generó la entidad y que en ese mismo sentido esperaríamos el fallo de nuestras impugnaciones. Mucho menos realizaríamos comunicados conjuntos con otras organizaciones sindicales, habida cuenta del argumento y expresión en la misma reunión, donde una de ellas estuvo de acuerdo con redactar el comunicado.
Argumentaban, que era mejor “un buen acuerdo que un despido colectivo”, que era mejor “salir bien liquidados, con un buen arreglo que no despedidos con una indemnización mínima”. Desde nuestra óptica era una forma de respaldar el retiro voluntario, más cuando se atrevieron a planteárselo a algunos trabajadores posteriormente, tratando de quebrantar la orientación de nuestro sindicato, una manera practica de ejercer paralelismo sindical.
Nuestra postura siempre fue férrea al indicar que NO compartimos desde ninguna óptica el retiro voluntario, mucho menos firmar conjuntamente con el patrón este tipo de solicitudes. Las exigencias económicas que se impusieron a Huawei como medida para el despido de los 61 trabajadores, de manera perentoria en la resolución no estaban a su alcance para poderlas cumplir. La patronal, ante esta imposibilidad debió, unilateralmente, retirar su solicitud de despido, sin colaboración o sumisión de los sindicatos.
Seguimos en alerta, considerando que la intensión del empresario chino sigue intacta, lo cual nos lleva a doblar esfuerzos en la defensa de nuestros trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en Sintraemsdes. Nos estimula para seguir en la defensa, el haber logrado la medida revocatoria.
