LA CRISIS Y EL MANEJO DE LA PANDEMIA
El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque ha sido errática, desacertada e irresponsable, abusando de la declaratoria de emergencia económica, social y sanitaria, la cual utilizó para enriquecer más al sector financiero y al gran capital, y para pauperizar más las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de vida del pueblo colombiano. De los 29 billones de pesos que presupuestó para atender la pandemia, Duque no ha dado a conocer a los organismos de control la ejecución y destinatarios de estos recursos y a pesar de habérselo exigido, solo se conoce la ejecución 3.6 billones, de los cuales
2.3 billones fueron a los bancos, no se garantizó los medios de bioseguridad ni las condiciones laborales dignas al personal de la salud, mientras tanto ha negado la renta básica para la población más pobre.
Aprovechando la emergencia económica hizo una reforma laboral y pensional por decreto, intentó mediante el decreto 811 de 2020, agilizar la privatización de los activos del Estado, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos la enajenación de ECOPETROL y su filial CENIT, pero la justa, valiente e innovadora lucha de los trabajadores de los oleoductos de ECOPETROL contribuyeron a su derogatoria.
Irresponsablemente descargó la responsabilidad del contagio y las muertes por COVID 19 en los mandatarios locales y en los ciudadanos, con el discurso demagógico de que su contención y disminución es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente del autocuidado. Una vez apareció la vacuna contra el COVID 19, Iván Duque anunció un plan demagógico de vacunación para inmunizar la población colombiana en el 2021, el cual ha fracasado por la lentitud en la llegada de las vacunas y la disponibilidad de personal e infraestructura médica deficiente para su aplicación, sumado a lo anterior la poca transparencia en la compra de las vacunas.
En términos generales la pandemia puso al desnudo los efectos que ha traído la aplicación del modelo económico, político y social (neoliberal), como las grandes debilidades del sistema de salud privatizado, lo mismo que las desigualdades y el empobrecimiento causado por el desempleo y la flexibilización laboral, así como la ausencia de políticas que pongan al centro el bienestar humano.
Una crisis económica actual, agudiza la contradicción capital trabajo y las contradicciones ínter burguesas, entre otras, generando una intensificación de la lucha de clases, que se refleja en todas las esferas de la vida política, pero especialmente en las instituciones estatales, en los partidos políticos, no solo en los de derecha sino también en los partidos políticos democráticos, progresistas, de izquierda e incluso en organizaciones sociales y populares, algunas de las cuales caen en crisis.
La crisis política deja claro que hay unas instituciones burguesas desprestigiadas como: un Congreso de la República, en su mayoría cooptado por la corrupción y el clientelismo, incapaz de hacer un control político al gobierno dictatorial de Iván Duque y a espaldas del pueblo; unas FF.MM vinculadas con el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los DDHH; unos organismos de control concentrados en el ejecutivo y al servicio del mismo; unos partidos políticos tradicionales desprestigiados; un gobierno con un 76% de desaprobación, por ser sordo, ciego y mudo ante los reclamos del pueblo y por el contrario prepotente, reaccionario, dictatorial y vende patria.
Todos los anteriores rasgos de este gobierno han generado estallidos sociales desde el 2019, pasando por el 2020 con todas las medidas de restricción a la movilización y ahora en el 2021 cuyo detonante fue el proyecto de reforma tributaria en plena pandemia.
Esta crisis política ha generado un reagrupamiento o realinderamiento de fuerzas políticas y sociales tanto en el campo burgués como en el campo llamado alternativo. Una de las expresiones de este reagrupamiento ha sido la conformación de tres coaliciones políticas electorales hacia la presidencia y congreso de la república: una de derecha liderada por el Centro Democrático, otra autollamada de centro en cabeza del Sergio Fajardo y el Pacto Histórico que agrupa partidos y organizaciones políticas y sociales del campo popular democrático y progresista, en cabeza de Gustavo Petro, El acuerdo del Pacto Histórico es obligatorio en el actual momento de la lucha de clases en Colombia, es un acuerdo de orden táctico, es una iniciativa de unidad de acción antifascista, aunque limitada a golpear al uribismo, como una fórmula para avanzar en la materialización del frente amplio político y de masas.
Definitivamente, el Paro Nacional del 28 de abril de 2021 desencadenó en un estallido social. La respuesta contundente del pueblo a la convocatoria del paro nacional y al tratamiento de guerra y barbarie represiva del régimen no tiene antecedentes en la historia de Colombia en los últimos años.
Ya es victorioso al lograr “imposibles” como derrumbar la reforma tributaria y la reforma a la salud que eran líneas rojas del gobierno y las oligarquías al servicio del gran capital nacional e internacional, victorias que van ligadas a la desarticulación del equipo económico dirigido por el bandido Carrasquilla, tumbado por la fuerza popular; otra victoria es la persistencia del pueblo y la pérdida del miedo al terror oficial, lo mismo que el derrumbe del uribismo, el respaldo internacional a esta lucha y el rechazo al gobierno de Duque por el tratamiento de guerra al conflicto.
La oligarquía no puede gobernar como antes porque la economía está sumida entre la crisis profunda de los grandes capitalistas (nacionales y extranjeros), mientras ocurre, en paralelo, que el pueblo NO quiere ser gobernado como antes porque está cansado de lo mismo y exige la paz con justicia social, pero no ha encontrado la salida para lograr eso, porque falta un liderazgo político que esté a la altura de este momento de auge de sus luchas, del gran flujo de masas. Debemos insistir en tratar de construir, plantear ese liderazgo, pero la agudización de la dispersión política e ideológica derivada del realinderamiento político e ideológico y el reagrupamiento de fuerzas al seno del campo popular y democrático, hacen muy difícil que el movimiento salga bien librado de este Paro Nacional en lo relacionado con los asuntos del poder y en los del gobierno como parte del poder, limitándose a
acumular fuerzas sólo en materia de logros tácticos en lo económico y social que potencien la educación y la acción política por el poder.
Las masas atan lo ocurrido desde el 28A a esta fecha, con el recuerdo cercano de lo ocurrido desde el 21N de 2019, debemos asimilar que ese torrente está dando a entender que están por un nuevo gobierno, por otro régimen político distinto y una nueva constitución, pues la tantas veces reformada Constitución del 91 ya vetusta, ha sido rebasada por la lucha de masas antineoliberal.
A pesar del llamado de la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y la iglesia a una salida incruenta al levantamiento popular en curso, el gobierno insiste sin embargo en su política reaccionaria desoyendo los reclamos de los más amplios sectores sociales y la respuesta al poderoso paro nacional es la expedición del decreto 535 del 28 de mayo de 2021, que condensa leyes equivalentes a la “conmoción interior” y refrenda la guerra al pueblo, declarada una vez iniciado el paro del 28 de abril. Este decreto viola flagrantemente la Constitución y la Ley según connotados juristas y académicos, configurándose un “autogolpe” militar de Duque-Uribe, según algunos analistas, partidos y líderes políticos. Esta medida fascista enfrenta un rechazo de un significativo grupo de mandatarios locales y es una expresión de la debilidad de las fuerzas oligárquicas derechistas que con el ímpetu popular han visto caer sus leyes y reformas económicas que les beneficiarían en lo tributario y les daban fabulosas ganancias.
La respuesta popular a este acto dictatorial de corte fascista es el fortalecimiento de la unidad popular y de las acciones de Paro, para exigir la derogatoria del D. 575 e imponer la negociación de las exigencias del pueblo levantado usando la forma de Paro Nacional 28A.
Las asambleas populares regionales, departamentales y locales como instancias soberanas para recoger las exigencias más sentidas del pueblo y llevarlas a la mesa de negociación con el gobierno, son una alternativa.
“La renuncia de Duque y adelanto de elecciones por un gobierno democrático”, es la consigna política a discutir, no es cuál ministro se va, para eso, es necesario incrementar el rechazo al uribismo obligando a Duque y al Centro Democrático a pronunciarse y dar solución a cosas concretas como LA RENTA BÁSICA y la VACUNACIÓN, el sistema de salud y seguridad social que no se soluciona con la caída del proyecto de Ley 010, porque sigue vigente la Ley 100 de 1993, al igual que atienda las exigencias a los CRÉDITOS ESTATALES para los pequeños y medianos empresarios que generan el 80% del empleo en el país, a fin de airear la economía y abrir opciones de empleo, pero con un auxilio social como la renta básica para sobreaguar los efectos de la pandemia.
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