¿Es buen negocio para EPM
vender las acciones que tiene en UNE?
8 de mayo de 2013,
SINTRAEMSDES YA AVISABA DEL DESASTRE
Cada cuatro años llega a la ciudad un alcalde por elección popular y como todos, durante su campaña electoral, presentan múltiples propuestas a los ciudadanos en los terrenos económico, social y político.
EPM siempre será referente y fuente para cualquier propuesta de ciudad por sus altas ganancias y en consecuencia es la mayor fuente de ingresos para el municipio de Medellín. Además, este ente público, permite ofrecer altos contratos en cada uno de los servicios que presta, cuando se identifican múltiples necesidades de cobertura a medida que se proyectan y expanden ciudad y el departamento y en los tiempos actuales, cuando EPM incrementa su incidencia de orden nacional.
La empresa se expande en los diferentes negocios, actúa como particular en asocio con públicos y privados, resuelve las necesidades de sostenimiento, cobertura y ampliación de redes en materia de servicios públicos. Recordemos que EPM ha sido denominada la Joya de la Corona, por sus excelentes resultados económicos, que codician los privados.
Sin embargo, la práctica nos está diciendo que este Capital Monopolista de Estado se lo apropian los privados de diferentes formas, como ha venido sucediendo en los últimos 20 años con EPM. La usan como fuente de recursos para los privados así legalmente sea 100% publica.
El modelo de desarrollo adoptado por el país desde hace ya mas de 20 años, indica que el Estado debe permitir que este tipo de funciones, como la prestación de servicios públicos, debería realizarse por intermedio de entes privados y no públicos como lo son las EPM. Pretenden que las entidades que aún no lo son, paulatinamente sean privatizadas, bien sea de manera directa o indirecta. El método para hacerlo depende de las condiciones concretas que cada municipio posea sobre este tipo de bienes fuentes de servicios, y el sentido de pertenencia que la sociedad tenga, que presupone un elemento de resistencia si le quieren
expropiar el recurso.
Desde el año 2006 se autorizó por el alcalde y el concejo de la ciudad, separar el componente de la telefonía de EPM, dando lugar a la constitución de una filial, UNE EPM Telecomunicaciones, con capital totalmente publico, acto que fue materializado con la aprobación del Acuerdo 106 de 2013.
Posteriormente se autorizó por el alcalde Aníbal Gaviria y el Concejo de la ciudad, vender el 49% menos una accion de UNE EPM Telecomunicaciones a la multinacional Millicom. El 15 de agosto de 2014 se firmó la escritura pública de fusión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Millicom Spain Cable S.L, para integrar sus intereses en los negocios fijo y móvil en Colombia, representados por UNE EPM Telecomunicaciones y sus subsidiarias, y Colombia Móvil-TIGO.
La entidad pasó a ser un ente de naturaleza mixta, cambiando con ello las reglas de juego, de tajo sus trabajadores pasaron de ser servidores públicos a ser trabajadores privados.
Además, se firmó un contrato entre los accionistas para la administración, control y desarrollo de la entidad por la cual el socio minoritario debió cancelar a EPM US 150 millones. Se establecieron las condiciones y derechos de cada uno de los integrantes de la sociedad, y se pactó una cláusula conocida como DRAG ALONG, que en el contrato se estableció como confidencial.
Las cláusulas de este tenor se establecen en el mercado de capitales, donde uno de los socios, mayoritario o minoritario, se hace al control total de la compañía, se limitan algunas acciones a alguno de los socios con la complacencia del otro u otros, de tal manera que estas no tengan el poder de voto en las decisiones de la compañía, de tal manera que, cualquier decisión futura que se tome, goce de plena legalidad; se establece el numero de integrantes de su junta directiva y los cargos y facultades de estos.
EPM al parecer, por dicha prima supuestamente pagada, otorgó el control total al socio privado Millicom, su junta directiva compuesta de siete integrantes solo tiene el derecho a nombrar tres y su presidencia le fue otorgada al socio privado, de procedencia sueca (Millicom).
Dicha cláusula de confidencialidad está pactada a 10 años, condicionada a que, si uno de los socios al año 2021 desea retirarse de la sociedad, debe comunicárselo al otro, ofreciéndole comprar sus acciones de nuevo o vender las suyas. De no ser
posible entre los socios esta transición, ambos están obligados a vender sus acciones totalmente en el mercado de capitales a un tercer oferente, previo el lleno de requisitos legales que para el caso se exigen.
En medio de la crisis por la que atraviesa EPM a raíz de lo sucedido en Hidroituango, la entidad está demandando altas sumas de dinero para mitigar y continuar las inversiones que esta obra demanda, de tal manera que se pueda terminar la construcción y puesta en operación de la Central Hidroeléctrica.
Es un egreso que EPM debe asumir mientras se resuelve el litigio jurídico que determine quien debe pagar los daños causados, que se han calculado en 9.9 billones de pesos.
Somos conocedores de las diferentes posturas asumidas por diferentes actores, en el terreno económico, político y social, posturas que han llevado a que la situación sea mucho más gravosa para EPM, que ahora padece la presión de los entes prestamistas internacionales, quienes endurecen las exigencias para nuevos créditos, con la posibilidad de hacer efectivos los actuales empréstitos de inmediato, de las calificadoras de riesgos internacionales que dosifican el pago de lo asegurado, aun habiendo reconocido su responsabilidad, con la intencionalidad
de que la culminación de la mega obra se haga más dificultosa en el tiempo acarreando otras consecuencias, y por supuesto las sanciones de que se es objeto por parte de la Agencia Nacional de licencias Ambientales, ANLA.
Sumado a estas situaciones los supuestos responsables, el grupo GEA, con sus compañías constructoras, diseñadoras, Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa, Ramon H. e Integral señalados entre otros en el informe producido por Advanta sobre la causa raíz, se niegan a asumir su responsabilidad, situación esta última que desde el interior de EPM, en el grupo de profesionales tiene su caja de resonancia, lo que los ubica como defensores de lo privado y por ende de los integrantes de la junta directiva que se vio obligada a renunciar, bajo una serie de argumentos desde nuestra óptica politiqueros.
En medio de esta crisis, la administración municipal toma la decisión por intermedio de la Junta directiva de EPM, de pedir ante el concejo de la ciudad, facultades para vender las acciones que posee en UNE EPM telecomunicaciones.
Desde nuestro sindicato, Sintraemsdes Medellín, no compartimos la medida tomada por EPM y en contraposición a esta hemos planteado que la compañía de telecomunicaciones hay que regresarla totalmente a EPM de tal manera que sea de propietario único y 100% publica, para lo cual se debe ofertar la venta de los activos internacionales que no aportan en materia de ingresos al ente Autónomo.
Vender en estos momentos de crisis este activo de las telecomunicaciones, por demás estratégico para el país, es poner en riesgo la seguridad nacional de los colombianos, es darle a un privado el control total de nuestro espectro, es entregar al capital internacional el control del país en este vital negocio, por lo demás de alta rentabilidad. Vender estas acciones es un problema coyuntural para EPM, que por un lado necesita liquidez, pero que por el otro está vendiendo un activo estratégico que, para varios expertos, nunca debió haber salido de EPM.
Fue una cadena de “errores” graves, cometidos por concejales y alcaldes en administraciones anteriores que autorizaron tales procedimientos, una manera de conspiración institucional contra el municipio y por ende contra los ciudadanos de Medellín.
En medio del debate aparecen opciones a discutir: ¿Es válido vender ahora los activos de EPM en el extranjero, que no son rentables?
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