Mientras colectivos
ciudadanos comenzaron a radicar demandas contra el polémico Acuerdo 300,
aprobado en el Concejo de Medellín, ahora Acuerdo 001 de 2015, tras la sanción
del alcalde, Aníbal Gaviria, el concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra
lidera otro movimiento de recolección de firmas tendiente a interponer otras
dos demandas.
Esta semana, un
grupo de ciudadanos liderado por el abogado Jaime Mejía, presentó una demanda
de nulidad contra el Acuerdo 300 ante los juzgados administrativos de Medellín.
El objetivo, según expresaron, es defender el patrimonio público de la ciudad,
al argumentar que vulnera los derechos sociales y económicos de Medellín.
El Concejo aprobó
recientemente el Acuerdo 300, que faculta al alcalde por el
término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración
Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco del
modelo de Conglomerado Público y del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial,
POT, adoptado en el artículo 48 de 2014.
Por su parte, el
concejal Guerra mantiene activa una campaña en redes sociales #NoAlAcuerdo300 e
insiste en que interpondrá una demanda de nulidad con solicitud de suspensión
provisional y una acción popular con amplia convocatoria a la ciudadanía y con
solicitud de medida cautelar.
Sin embargo, como
improcedentes declararon despachos judiciales este miércoles las acciones de
tutela interpuestas contra el Acuerdo 300. De acuerdo con lo expresado por
voceros de la Alcaldía de Medellín, los juzgados Séptimo y
Veinticinco Civiles Municipales de Oralidad no acogieron las peticiones de las
demandas.
Señala la decisión
judicial que la Alcaldía de Medellín y el Concejo Municipal no vulneraron los
derechos fundamentales de los demandantes, no se probó la presencia de un
perjuicio irremediable ni se utilizó el mecanismo idóneo frente a la legalidad
del Acuerdo 001 de 2015, explicaron los voceros de la Administración Municipal.
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