Piden investigación penal y disciplinaria por Acuerdo 300.

Cuatro concejales de Medellín que votaron negativo el proyecto de Acuerdo 300 denunciarán penalmente, ante la Fiscalía General de la Nación, y disciplinariamente, en la Procuraduría General de la Nación a sus colegas y servidores públicos que tuvieron que ver con la aprobación del Acuerdo 001 de 2015.

Los corporados que interpondrán las acciones judiciales y disciplinarias son Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Miguel Andrés Quintero Calle, Luis Bernardo Vélez Montoya yBernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Uno de los argumentos esbozados en la solicitud de investigación disciplinaria y penal señala que se cometió prevaricato, es decir, cuando un servidor o funcionario público incumple la ley, según explicó el abogado Juan Daniel Pulgarín.

“El Alcalde puede solicitar al Concejo de la ciudad facultades para reestructurar el municipio pero, según la Constitución de Colombia, la solicitud debe ser muy precisa. Para qué se va a hacer, qué cargos deben crearse”, señaló el abogado, asesor del corporadoLuis Bernardo Vélez.

Al respecto el concejal Campuzano aseveró que no puede señalarse como preciso, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que tiene más de 500 artículos sobre diversos aspectos de la ciudad.

Indicó el concejal Vélez, la inclusión en el proyecto de Acuerdo sobre la no privatización de EPM, “es una cortina de humo. Porque se trata de un cheque en blanco entregado por los corporados al Alcalde de Medellín”.

Otra queja de los concejales tiene que ver con la falta de firmas en las actas del grupo de asesores del Alcalde. El concejal Campuzano acotó que pese a la solicitud reiterada de las actas firmadas, estas no tienen firma.

El concejal Bernardo Guerra explicó que el Alcalde tiene un grupo asesor que se reúne frecuentemente para analizar este tema y tras los encuentros se redactan unas actas que no tienen las firmas de los asistentes.

Otro de los argumentos de la solicitud de investigación señaló que la Administración Municipal conformará un conglomerado público, concepto que jurídicamente no está contemplado en las leyes colombianas.

El Alcalde responde

Sobre las acciones interpuestas por los concejales, el alcalde Aníbal Gaviria señaló que “lo he dicho siempre. Están en todo su derecho, estamos en un Estado de derecho y nosotros debemos respetar la garantía constitucional. Por nuestra parte estamos completamente seguros de la fortaleza jurídica, además de la conveniencia del Acuerdo y por eso lo hemos impulsado”.