EL DECRETO 811 DE 2020,
PRIVATIZACIONES EN COLOMBIA,
CALCO DE OTROS PILLAJES
Ricardo Ferrer Espinosa, Comunicador Periodista.
El proceso privatizador que se profundiza con el Decreto 881 de 2.020 en Colombia, reedita los saqueos que se cometieron contra Argentina, Chile (1 y 2*) y otros países latinoamericanos, bajo presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Los despojos más evidentes ocurren bajo gobiernos de democracia aparente y dictaduras subyacentes: Es condición tener amarrada a la población, atemorizada para que no se movilice.
En Argentina, las privatizaciones ocurrieron en el gobierno de Menem bajo el fantasma de la junta militar; en Chile, la expropiación se facilitó porque se mantenían las leyes dictadas por Augusto Pinochet, bajo el gobierno de Ricardo Lagos y en Colombia, las ejecuta, con renovada violencia, el gobierno Uribe – Duque.
Con el pretexto y contexto de la pandemia, los mercaderes de la patria tienen en la mira a Ecopetrol – Cenit, SENA, ISA y la Fábrica de Licores de Antioquia, que son la parte visible y movilizada, de la clase trabajadora, pero el Decreto 811 / 2020 es aún más pretensioso, como quedó en evidencia desde que emitieron el Paquetazo, a finales de 2019.
Sobre el documento que estudia el modelo de las privatizaciones en Argentina, veamos la siguiente cita (1*, Páginas 26 y 27): “Las modalidades de los diversos procesos de privatización: (página 27, cuarto párrafo) priorizaron una estrategia de diversificación de sus actividades hacia diferentes servicios privatizados poco –o nada– vinculados entre sí por relaciones tecno-productivas y/o de carácter comercial (estrategia de conglomeración)”
Si hemos leído bien, ¡Observamos el mismo concepto en la propuesta de cambio del objeto social de EPM!
Las coincidencias con el modelo privatizador aplicado en Argentina, se repiten en el aparte titulado “La distribución del ingreso y el empleo” (1*, página 34): Descubrimos que el modelo de agresión empresarial de EPM – UNE y Huawei hacia los trabajadores transferidos o tercerizados es exactamente el mismo. En esos casos, la legislación nacional es totalmente inútil.
En Colombia, y en el cono sur, el Estado hizo el “trabajo sucio” previo a la transferencia de las empresas públicas: “racionalización” del personal, “retiros voluntarios”, jubilaciones anticipadas y otros mecanismos de expulsión de mano de obra, es lo que viven los empleados de UNE y Huawei, condimentado con procesos disciplinarios y acoso laboral.
Contextos repetidos durante las privatizaciones:
• Ausencia / omisión del Estado en su papel de protector social. En los tres casos que comentamos, Argentina, Chile y Colombia, el Estado es el agresor.
• Omisión de los entes reguladores. Para el caso colombiano, en agosto de 2020, la vista gorda de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y veedurías ha llegado a extremos de cinismo y monopolio, dado que los personajes asignados a esta comedia hacen parte de la misma coalición gubernamental.
• La subvaloración dolosa de los activos estatales se hace con la absoluta complicidad de quienes tendrían el deber de proteger el patrimonio público.
• Exención tributaria a las empresas multinacionales, mientras las empresas locales son agobiadas con altos impuestos.
• Cambios frecuentes en las reglas de juego para incluir / excluir a los actores económicos que interesan a los dueños del poder.
• Gran endeudamiento externo. El modelo sigue sin cambios: conseguir la capitalización de los títulos de la deuda en la transferencia de los activos estatales (rescate de bonos de la deuda externa). Tal es el modelo que se aplica según el Plan Brady (3*). El momento perfecto para los depredadores es cuando las empresas codiciadas llegan a una situación de iliquidez o impago.
Entonces venden sus activos por menos valor o los Estados se someten a condiciones financieras de usura extrema.
• Sociedad civil ausente o excluida del debate.
• Banca monopolizadora y grandes capitales detrás de los personajes.
• Vulnerabilidad de las monedas locales ante el dólar, que se impone como parámetro en las transacciones.
• Cooptación sindical y comunitaria. En el caso colombiano, los líderes sociales que no se venden, son sistemáticamente asesinados y esto es notorio en el caso de los defensores ambientales, zonas de reserva campesina y comunidades indígenas.
• Eterna promesa de mejora en los servicios de transporte y servicios públicos que van a ser enajenados. Eterna decepción, porque los usuarios (atados a un proveedor fijo) siempre verán el incremento en las tarifas, mientras la calidad se deteriora.
• Se privatizan los servicios de salud y los derechos pensionales. Mientras el modelo chileno se ha ido desmontando en su país de origen, se calcó y ahondó en Colombia. La respuesta de las centrales obreras ante ésta aberración ha sido inefectiva.
Citas:
1*
Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo. Las privatizaciones en la Argentina.
Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. En publicación: Las privatizaciones
en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina. 2004
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/azpiazu.pdf
1* Página 34: . reducción de los planteles laborales en todas aquellas firmas proveedoras de las ex-empresas públicas que se vieron desplazadas del mercado frente a la profundización de la apertura de la economía, el deterioro del tipo de cambio real, las acciones de dumping y, esencialmente, la estrategia de las empresas prestatarias de los servicios tendiente a fortalecer sus relaciones comerciales –de importación de equipos e insumos– a partir de adquisiciones intracorporativas”.
2*
Polis Revista Latinoamericana12 | 2005
Individualismo y bien común: los límites de las instituciones.
El mito de las privatizaciones en Chile. Jorge Vergara Estévez
https://journals.openedition.org/polis/5604
3* Plan Brady: https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Brady
Plan diseñado por Nicholas Brady, secretario del tesoro de Estados Unidos.
“(…) las autoridades aceptaban continuar pagando un interés variable en el futuro, fijado por los acreedores.
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