INTERVENCIÓN DE CARLOS POSADA, ANTE EL CONCEJO.

UNA ESTRATEGIA PARA PRIVATIZAR

 

Desde el año 2006 EPM decide separar o escindir el componente de Telecomunicaciones de la casa matriz, conformando una empresa dedicada exclusivamente a la prestación de este servicio, la cual  inició como una de sus filiales, previa autorización que fue otorgada por el acuerdo 45 del 2005,  

En el 2013  el concejo de Medellín, siendo alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria, aprobó el acuerdo 17 del 2013, autorizando a UNE EPM telecomunicaciones, cambiar su naturaleza jurídica, buscar un socio estratégico y poder otorgarle a este, la administración y gestión del negocio, que implicó el control total de este patrimonio público, acto que se materializó en el año 2014 mediante escritura pública,  vendiéndole el 49% menos una acción, de la entidad filial UNE EPM Telecomunicaciones a la multinacional Millicom.

Firmándose, además, un contrato en favor de Millicom en calidad de accionista, en el cual se le cedió la administración, gestión y control, debiendo cancelar a EPM US 150 millones. En dicho contrato se establecieron las condiciones y derechos de cada uno de los integrantes de la sociedad, en donde en una de sus cláusulas conocida como DRAG ALONG, se establecieron una serie de condiciones que materializan una posible salida o disolución de la sociedad, sin embargo, el contrato fue elevado a título de confidencial. Intuimos que en esta confidencialidad se establecieron criterios de tal magnitud que hoy la población de Medellín se siente que fuimos engañados por el alcalde Aníbal Gaviria y los concejales que aprobaron el acuerdo incluida la ponente de este acuerdo Aura Marleny Arcila. 

Presumimos que en él, se configuran elementos de corrupción, al ceder a un privado el manejo de un recurso público, para que haga con el lo que considere, sin ningún tipo de control, pues hasta su junta directiva fue cedida en términos de mayorías para tomar decisiones, conscientes los concejales que el interés privado es diametralmente opuesto al interés público. 

Indiscutiblemente, vender o no la participación accionaria de EPM, adquiere la connotación de una decisión de orden político, que le corresponde tomar a ustedes los concejales, los políticos de la ciudad, donde varios de ustedes en el pasado tomaron la decisión de autorizar la fusión, argumentando entre otros elementos la necesidad de un socio estratégico, con musculo financiero, de talla mundial, con capacidad para enfrentar los avances y retos que impone el cambiante mundo de las tecnologías, de tal manera de poder garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, y obtener recursos para el municipio, habida cuenta que los riesgos a los que nos encontraríamos sometidos en el sector de las TIC, eran y siguen siendo de tal envergadura, que podríamos desaparecer del negocio.

En aquel entonces, sostuvimos los trabajadores, que ceder la administración y la gestión al socio privado y con su condición de minoritario en la sociedad accionaria, por robusto que fuera financieramente, no era garantía para la conservación del patrimonio público, ni para la sostenibilidad, mucho menos para obtener ingresos de un capital público invertido, en un negocio que no podríamos controlar ni administrar y en el que incluso hoy, EPM siendo mayoritario, se le niega conocer del negocio. Argumentamos hasta la saciedad, que era mayor riesgo al que nos exponíamos y sometíamos el patrimonio público que aportaríamos al negocio, debido a que los dineros públicos, no deberían ser administrados por los particulares sin el control efectivo de la administración pública.  

Hoy nos ratificamos en que las condiciones en que se realizó el negocio en ese entonces evidencian que se equivocaron los concejales y la administración municipal: el negocio que realizaron no trajo rentabilidad social para los dueños, los usuarios, mucho menos rentabilidad económica para la administración municipal.

Que el negocio realizado, por las características en que se llevó a cabo, lo calificamos como una estafa al municipio de Medellín, somos conocedores que cursan acciones jurídicas en juzgados de la ciudad, por parte de algunos ciudadanos por tales procedimientos, en donde, además, se señala de inmoralidad publica, a aquellos concejales que dieron su aval en la época, que de ser cierto podríamos endilgarles, traición al municipio de Medellín. Para completar el acto es necesario advertir que Millicom, no figuraba en un puesto considerable en el ranquin mundial de las empresas o grandes operadores, como potencia en materia de TIC, como para haber sido escogido como socio estratégico.

Qué es lo que se va a vender entonces, nos preguntamos los trabajadores y muchos de los usuarios, si aún no hay claridad de las condiciones en que se desarrolló el negocio, no conocemos la totalidad del articulado del contrato que se firmó con Millicom. En esas condiciones no puede ser posible autorizar una venta de un bien público que es nuestro, pero que desconocemos con certeza su valor real, no sabemos cuanto vale lo que poseemos, porque nuestro socio tiene la potestad, como hasta el momento lo hace, de negarnos la información del bien que poseemos, de donde se desprende que, cualquier valor que hoy le atribuyamos a nuestro bien, es mera especulación, es una valoración que no obedece a la realidad, ya que la información solo la posee real, el socio controlador y por su condición e interés en el negocio, no le es dable aun entregarla, puesto que estaría atentando contra su propio interés económico.     

En cuanto a los trabajadores, las consecuencias son funestas, desde el 2013 hemos sido sometidos a todo tipo de presiones internas, a la perdida de un buen numero de empleos, al retiro forzoso, o mal llamado “retiro voluntario”, el que producto de la presión, intimidación y degradación laboral, muchos de nuestros compañeros se vieron en la obligación de admitirlo, antes que perder su dignidad como seres humanos, ante el sometimiento a que se vieron expuestos.  Además, que 601 trabajadores fueron cedidos a la empresa China Huawei, por medio de un contrato que otorgo la compañía, para operar algunos procesos técnicos, donde fueron sometidos a mayores presiones, a un campo de concentración laboral, en el argot de los trabajadores, de los cuales a la fecha registramos el despido o muerte laboral de más de 300 trabajadores, entre el año 2016 y 2021.

No entendemos, mucho menos compartimos, que ustedes quienes hemos elegidos los ciudadanos a este cuerpo legislativo, actúen en contravía al mandato que los ciudadanos les entregamos, de conservar el patrimonio público. Y no entendemos habida cuenta que no aparece por ningún lado la rentabilidad social en materia de los servicios de telecomunicaciones y mucho menos la rentabilidad económica.

Dos criterios para tomar determinaciones.

Quienes parten exclusivamente del criterio que el negocio de las telecomunicaciones es por encima de cualquier otra consideración, para obtener rentabilidad, y quienes consideramos que, debe generar rentabilidad social en primer lugar y rentabilidad económica en segundo lugar.   

La postura de quienes parten de ver a la entidad, solo como una fuente exclusivamente de rentabilidad económica, donde solo interesa la sociedad como consumidora, donde los dueños mayoritarios, no contamos para tomar la decisión, seremos condenados al pago de tarifas altas, que de seguro se regirá únicamente por el criterio de la máxima rentabilidad, en el menor tiempo posible,  situación que incluso en estos momentos de pandemia, esta sociedad no tuvo ninguna consideración social en contribuir con los usuarios, habida cuenta de su  condición natural de privado.

Los acuerdos comerciales entre empresarios privados para fijar aumentos de tarifas, será una consecuencia funesta para la población usuaria, de aprobarse la venta. Recordemos que en un principio se tomaron medidas, por parte de nuestros legisladores, que solo beneficiaron a los operadores privados, en detrimento de lo público, situación que soporto UNE, cuando aún era totalmente pública.

Los argumentos para la venta los podríamos resumir en:

a.    Que el objeto social de EPM es la prestación de servicios públicos domiciliarios y no el de telecomunicaciones. Recientemente el país declaro que el servicio de internet es esencial* , expidiendo la ley de Internet, bajo esta consideración, EPM debe considerar la prestación de este servicio, que implica estar liga a la empresa de Telecomunicaciones de la cual es socia, debe por lo demás, antes que vender, trabajar por que esta entidad, sea totalmente publica, incluyendo este servicio como uno de los negocios estratégicos, de tal manera que pueda brindarle a los usuarios mejores condiciones de bienestar y seguridad, como parte de la responsabilidad social del municipio con los usuarios, situación que implica que no es conveniente para la ciudad, desligarnos hoy de las inversiones que se tienen en UNE EPM Telecomunicaciones y en las Telco. [3:38 p. m., 18/8/2021] SINTRAEMSDES Prensa: Ley 2108 del 29 de julio 2021

Nota: * Ley 2108, del 29 de julio 2021: "LEY DE INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y UNIVERSAL" 

b.    La inversiones presentes y futuras.

En la actualidad el negocio exige de inversiones, ante la necesaria renovación de licencias, pago de deuda y la posible incursión al final del año, de la entrada en 5G, en la cual habrá que estar presente, de salir la licitación que tiene proyectado el gobierno nacional. Al respecto debemos decir que el negocio hasta el momento se ha sostenido, su perfil financiero es adecuado, dado que su apalancamiento es estable. Como se espera un comportamiento estable en los ingresos, aun con las presiones competitivas y las presiones de la competencia, incluida la que ejerce el nuevo operador WOM, con su táctica de penetración agresiva.

 Esta es una realidad a la cual no escapa UNE EPM, al igual  que los demás operadores presentes en el país, pero que se resolverá como hasta el momento se ha realizado, con el forzoso castigo de no recibir dividendos, y en caso tal, de tenerlo que realizar, en el primer trimestre de 2022 entra en operación Hidroituango, de donde se podrá destinar un porcentaje para tales inversiones en UNE, habida cuenta que al momento de entrar en operaciones, también se suspende el cobro por incumplimientos y sanciones por la venta de energía futura, sin desconocer que UNE con su buena reputación crediticia, podría solicitar crédito ante la banca internacional por si sola y de esta manera asumir las necesidades de inversión que exige, las diferentes situaciones en las que se debe invertir, asumiendo incluso los riesgos de manera conjunta con el inversionista.

 c.    EPM,  no debe salir de un activo que hoy posee con situación financiera estable, no debe salir de sus recursos estratégicos en el territorio nacional, mientras otros activos en el exterior, improductivos siguen demandando inversiones para su sostenimiento, de paso obsérvese que dichos activos en el exterior es mínimo, por no decir que cero, lo que aportan a los ingresos de EPM, es preferible invertir en el país aportando al desarrollo nacional, que no en el exterior, la política de inversión en el exterior en términos generales, podemos calificarla como de total fracaso. Los recursos que está exigiendo Hidroituango deberán provenir de otras fuentes de financiación, diferentes a la planteada a través de la desinversión en Une EPM telecomunicaciones.

De otro lado, quienes consideramos que la rentabilidad social debe de ser un imperativo presente en las telecomunicaciones, consideramos que  no se puede mirar exclusivamente, como una fuente de máximos ingresos, en detrimento de la rentabilidad social, sin desconocer que, debe generar rentabilidad económica que permita su sostenimiento y así aportar a la inversión social de la ciudad, que garantice seguridad nacional, pues de lo contrario, es poner al país en estado de vulnerabilidad, en tanto la seguridad nacional estaría en manos de las empresas privadas que controlarían nuestro espectro electromagnético, una sensible perdida de este recurso natural, el espectro, un problema de soberanía.

Consideramos además que, independientemente de esta citación, la decisión se tomará a espaldas de los dueños, ante la falta de la total información sobre lo que rodea esta fundamental decisión, sobre un patrimonio público, que por lo demás también es estratégico para el país, además que su socialización en escaso un mes, no permite a la población, tomar las decisiones bajo un riguroso estudio de los pro y contras.

Si somos terceros en Ingresos, generamos flujo de efectivo constante y si se espera un comportamiento estable en el mediano plazo en materia financiera, debemos posponer esta decisión, esperar el comportamiento del mercado en un corto tiempo, pues los riesgos los correríamos todos, incluidos nuestros competidores, de tal manera que entre en operación Hidroituango, esto nos dé mejores condiciones, si las presiones o necesidades financieras a las que estamos hoy sometidos nos lo exigen, así hacer frente a requerimientos de capital, pensando que por más estratégicos que sean nuestras inversiones en el exterior, nacionalmente nuestras telecomunicaciones son estratégicas y nuestro personal trabajador esta en condiciones de enfrentar los desafíos técnicos que el mundo impone hoy.

No, no consideramos que nuestro bien público, UNE, se deba vender, pues la experiencia como en el caso de los 70.000 millones adelantados, de los 1,2 billones aprobados en el orden nacional, con destino a implementar internet gratuito para la población lo advierte, consideración que es el resultado de la ley de internet que lo elevó a servicio esencial, más cuando este solo elemento presupone que este debería ser gratuito en Medellín, pues el componente mayoritario en la sociedad es de propiedad estatal, intuyen estas situaciones grados de corrupción y desconfianza a lo cual no escapa el municipio, cuando incluso no se considera la sustitución laboral para sus trabajadores, en un proyecto de acuerdo, que además adolece de la totalidad de la información sensible y actualizada del negocio en lo que corresponde a ingresos, valoración del activo y alcances de Compañía,

Seria imperdonable por la población, que se tome una decisión con tanta inconsistencia, solo por una necesidad financiera, como Hidroituango, que consideramos, su fuente de ingreso para su culminación debe provenir de otra fuente de financiación diferente a UNE EPM Telecomunicaciones.   

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