PÍLDORA PARA LA MEMORIA:
Texto publicado por el periódico Público, de España, el 24 de mayo de de 2016.
Hoy tiene plena vigencia, para identificar la oleada privatizadora de los servicios públicos
Y EL MODELO DE LAS EMPRESAS DE PAPEL TIPO S. A. S.
CINCUENTA PAÍSES ENDURECEN
EL PACTO SECRETO TISA
PARA ENTREGAR MÁS SERVICIOS PÚBLICOS
AL SECTOR PRIVADO
La filtración de WikiLeaks, a
la que 'Público' ha tenido acceso en exclusiva en España, prueba que el acuerdo
sobre servicios plantea imponer a ayuntamientos, gobiernos regionales y a la
administración central la obligación de informar al resto de países antes de
aprobar nuevas normativas que entren dentro del enorme marco de esta alianza
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel
MADRID.- Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA mantienen el
rumbo para
abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. A pesar de las
crecientes críticas a la política comercial de la Comisión Europea en nombre de
los 28, Bruselas ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que
afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los
transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento
a que el Trade In Services Agreement (TiSA, en inglés) deje
fuera los servicios públicos. Y
todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aún más densa que la que
envuelve el TTIP.
Una nueva
filtración de WikiLeaks a la que Público ha tenido
acceso en exclusiva en España muestra
que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos,
la línea hecha pública por este diario entre junio y julio de 2015.
Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de
países -y por tanto a sus empresas-
antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y,
mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición,
EEUU, Canadá y otros tantos exigen que se
mantenga ante prácticamente cualquier escenario.
Los
expertos de WikiLeaks advierten que hasta el más pequeño de los ayuntamientos
tendrá que informar al resto de países sobre las normativas que quiera aprobar
Esto
afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos
gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una“oportunidad razonable” al resto de estados
firmantes para hacer comentarios en
base a sus intereses o los de sus empresas. El TiSA impone que las partes
tengan “tiempo suficiente” para comentar, sin acotar ningún periodo temporal
concreto, y establece que los estados “deben considerar” sus aportaciones.
No a la privaTiZAción del mundo.
Y, si EEUU logra imponer su posición, la
obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones
“a cualquier nivel de gobierno”,
por lo que según los expertos de WikiLeaks esto obligaría hasta al más pequeño
de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su
posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores
extranjeros.
Por otro lado, el documento establece
restricciones a las tasas que cada uno de los países puedan imponer al resto
por los procedimientos para prestar servicios a lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no
pueda superar el coste administrativo.
"Las
negociaciones van mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al
comercio, hasta una agenda política profundamente liberalizadora"
El
análisis de la organización que dirige Julian
Assange advierte que el texto
encuestión “lleva las negociaciones mucho más allá de los aspectos
legítimamente vinculados al comercio, hasta el territorio de una agenda
política profundamente liberalizadora”. Advierte que tal y como está
contemplado hoy el TiSA “obstruye” la capacidad
normativa de los estados para imponer
la desregulación que los lobbies corporativos están exigiendo a los
negociadores.
El referido documento es el borrador del anexo sobre Regulación Nacional de la
ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del escrito fechado en
febrero de ese mismo año al que este diario accedió a mediados del pasado año.
También recoge la propuesta alternativa de EEUU en esta materia,fechada en
2014, y sorprende como parte de sus
postulados han sido incluidos de forma casi literal en la versión del acuerdo filtrada.
El sueño de las empresas
En marzo de 2013, prácticamente en el momento en que se lanzaron las negociaciones, entonces vicepresidente de la Coalición de Industrias de Servicios, Samuel di Piazza, llegó a afirmar ante el Congreso de EEUU que el TiSA debe "modificar o eliminar regulaciones", como recuerdan desde la organización de Assange.
"Los
borradores del TiSA filtrados revelan que los lobistas corporativos están en lo
cierto al pensar que podrán comenzar su causa desreguladora"
En
el mismo año, la National Retail Federation estadounidense llegó a pedir que el acuerdo
suavice las regulaciones en lo que respecta a los tamaños de los locales y a
las horas de apertura y cierre para lograr "eficiencias
operativas" y trabajar
"relativamente libres de regulación gubernativa".
"Los borradores del TiSA filtrados y los documentos estratégicos de los
negociadores revelan que los lobistas corporativos están en lo cierto al pensar
que podrán comenzar su causa desreguladora", sentencia el análisis de
WikiLeaks.
Normativas
menos “gravosas de lo necesario”
El
marco de actuación del acuerdo es enorme -desde
las normativas sobre la expedición de licencias para prestar servicios hasta,
posiblemente, los estándares técnicos-,
y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo
final.
El
acuerdo pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones normativas
en las que haya que contar con las opiniones del resto de estados
Una
de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo necesario
para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en “criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo que
situaría en un segundo plano los objetivos ambientales
o sociales.
El acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones
normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los
acota a “periodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”.
Los expertos de WikiLeaks cuestionan si
dentro de lo “razonable” entraría un estudio de impacto ambiental sobre una
nueva normativa, pero la respuesta de nuevo depende
la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de inconcreción del
lenguaje que plantee este texto.
Panamá, Suiza, España,
EEUU... estos son los 50 países que negocian en secreto el pacto de servicios
TiSA
El acuerdo es aún más opaco que el
polémico TTIP. En él participan estados que España considera paraísos fiscales,
y otros que salieron de esta lista recientemente
Listado completo de países que negocian el TiSA
-Australia
-Canadá
-Colombia
-Corea
-Costa Rica
-Chile
-Estados Unidos
-Hong Kong
-Islandia
-Israel
-Japón
-Liechtenstein
-Mauricio
-México
-Noruega
-Nueva Zelanda
-Pakistán
-Panamá
-Perú
-Suiza
-Taiwán
-Turquía
-Unión Europea (en nombre de los 28)
-Canadá
-Colombia
-Corea
-Costa Rica
-Chile
-Estados Unidos
-Hong Kong
-Islandia
-Israel
-Japón
-Liechtenstein
-Mauricio
-México
-Noruega
-Nueva Zelanda
-Pakistán
-Panamá
-Perú
-Suiza
-Taiwán
-Turquía
-Unión Europea (en nombre de los 28)
ALEJANDRO L. DE MIGUEL
MADRID.-
Las conversaciones sobre el TiSA arrancaron formalmente en marzo de 2013, pero
muy pocos detalles han transcendido sobre el Trade
in Services Agreement desde entonces. El acuerdo
sobre servicios tiene el dudoso
honor de superar al TTIP, el acuerdo de
libre comercio entre Bruselas y Washington en lo que a opacidad se
refiere, tanto que Uruguay decidió levantarse de la mesa de negociaciones durante el pasado
año.
En 2016 Bruselas sólo ha publicado dos nuevas entradas en su web sobre el TiSA, frente a las 14 relacionadas con el TTIP
El
grueso de los datos públicos sobre él se conocen gracias a filtraciones como la
de WikiLeaks que
hoy publica en exclusiva en España este diario, ya que hasta la fecha el TiSA no ha tenido cabida
en la agenda mediática. Por su parte, en lo que va de año la Comisión
Europea sólo ha
publicado dos nuevas entradas en su web sobre el TiSA -según su propio buscador- frente a las 14
relacionadas con el Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP, en inglés)
Los argumentos para vender el pacto de servicios también son idénticos a los que emplea Bruselas para referirse
a su pariente transatlántico -servirá
para crear empleo y riqueza-, y cientos de organizaciones sociales, sindicatos
y partidos políticos alertan de que ambos forman parte de la misma estrategia neoliberal para dar peso a
las multinacionales y restar soberanía a los
estados firmantes de estos acuerdos.
Y
precisamente este punto marca otra clara diferencia entre el TTIP, el CETA
(UE-Canadá) y el TiSA, ya que en este último la Comisión negocia en nombre de
los 28 con otros 22 estados, todos ellos miembros de la Organización Mundial
del Comercio. Entre ellos están algunas de las mayores potencias económicas
mundiales, pero también países que hasta hace poco eran considerados paraísos
fiscales por España -Panamá y Suiza, por ejemplo-, y otros como Liechtenstein,
que sigue formando parte de esta lista.
Todos los documentos y E-mails sobre el acuerdo TiSA serán secretos hasta cuatro años después de su
aprobación
Un nuevo documento filtrado por
WikiLeaks al que ha accedido 'Público' prueba que EEUU utiliza diferentes vías
para intentar impedir la difusión de cualquier tipo de documento sobre las
negociaciones, incluso aunque el tratado no salga adelante.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
MADRID.- Bruselas se afana en vender transparencia en la negociación del TTIP
pero no puede esconder que esta brilla por su ausencia en otros grandes
tratados que también llevan su firma. Washington presiona para que los
documentos sobre las negociaciones del pacto de servicios TiSA sean
secretos al menos hasta cuatro años después
aprobarse el acuerdo. O hasta cuatro años después de la
última ronda de negociaciones, si el Trade
in Services Agreement (TiSA) queda en vía
muerta.
Según los documentos filtrados por WikiLeaks a los que Público ha accedido en exclusiva en España, EEUU intentan por diferentes vías que los cincuenta países que negocian este acuerdo se comprometan a mantener el secreto al menos durante este periodo.
No todos los estados tienen el mismo peso en las
negociaciones y Estados Unidos es, junto a la UE -que negocia en nombre de los
28- uno de los actores con más poder en las conversaciones.
Washington exige también que los textos sólo puedan ser consultados por agentes gubernamentales de los países firmantes y por los trabajadores que designen
En
la carta sin fechar que rubrica el embajador de EEUU ante la Organización
Mundial del Comercio,Michael Punke, Washington pide al resto de estados que confirmen haber aceptado sus “propuestas”
para garantizar “la confidencialidad de los documentos”.
Esto pasa por mantener en secreto cada uno de los
materiales empleados en las negociaciones, desde las propuestas de cada una de
las partes a los distintos materiales explicativos, pasando por los e-mails
“relacionados con la esencia de las negociaciones”.
“Todos los participantes aceptan que todos los documentos relacionados con el
desarrollo de un nuevo Acuerdo Internacional sobre Servicios”… “son
suministrados y custodiados de forma confidencial, a no ser que cada parte involucrada en las
comunicaciones [en cuestión] acepte su publicación”, reza el documento al que ha accedido este
diario.
Washington exige también que estos textos
sólo puedan ser consultados por agentes de los respectivos gobiernos de los 50
países firmantes y por los trabajadores
designados por los mismos que “tengan necesidad de revisar o ser notificados
sobre la información que recogen”. Y, como
ocurre con el TTIP, tienen prohibido compartir cualquier aspecto de estos documentos con personas que no
tengan acceso a los mismos.
“Armarios cerrados y edificios seguros”
El
documento establece que cualquier comunicación
telemática sobre estos textos debe hacerse desde una línea segura, y deben almacenarse “en armarios cerrados” o
“dentro de edificios seguros”.
“No es necesario que los textos sean almacenados en cajas fuertes”, recoge la
propuesta de EEUU, que también exige a los estados participantes que marquen
los documentos que elaboren “de manera que sea claro que son documentos que
deben ser custodiados de forma confidencial”.
Bruselas se escudó en Washington para justificar la opacidad
En
junio de 2015 Público y otros medios de una decena de países revelaron el texto central des acuerdo secreto filtrado por la
organización que dirige Julian Assange. Entonces ya informó de que varios documentos
incluyen una cláusula que establece que estos deben ser secretos durante cinco
años, y la delegación de IU en el Europarlamento pidió explicaciones al respecto
al Ejecutivo comunitario.
La misma cláusula aparece en algunos de los documentos que han visto la luz
este lunes, entre ellos el Anexo sobre empresas públicas, fechado el 9 de
octubre de 2015.
Detalle de uno de los documentos filtrados por
WikiLeaks.
Primero Bruselas dijo que la cláusula que hace secretos los documentos durante cinco años era un "texto formal"; después que no tenía aplicación en la UE, y por último que había pedido su eliminación
La
respuesta de Bruselas a las preguntas de IU fue que éste es sólo “un texto
formal” impuesto por EEUU. Después
aseguró que la norma “no era aplicable en la UE”, sin aclarar qué normativa sustenta esta afirmación,
que cae por su propio peso teniendo en cuenta que Bruselas se comprometió
a mantener en secreto los documentos sobre las negociaciones del TTIP durante
30 años. En tercer lugar, la Comisión Europea, que ejerce como única voz de los
28 en este tipo de negociaciones, respondió que había solicitado “reiteradamente” la eliminación de
esta cláusula.
“Me da la sensación de que nos están engañando”, aseguró entonces a este medio
la eurodiputada Marina Albiol, al frente de la delegación del partido en la
Eurocámara. “Nos quedamos más preocupadas que antes de tener las respuestas”,
zanjó.
El pacto secreto TiSA
restará poder al Gobierno sobre empresas públicas como RENFE* o Correos (de España)
Un documento de las negociaciones
sobre el pacto de servicios filtrado por WikiLeaks plantea imponer limitaciones
a ciertas empresas de titularidad estatal para que únicamente puedan actuar en
base a "consideraciones comerciales".
Tren de RENFE. EUROPA PRESS
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel
MADRID.- Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA tienen
todo bien atado para acelerar la desregulación del sector servicios. Uno de los
documentos sobre la mesa de negociaciones, elaborado por EEUU, plantea acotar el poder de los estados sobre las
empresas de titularidad pública y marcar limitaciones de actuación a las
mismas. Empresas como Renfe o Correos
entrarían en este marco, y la segunda ya
se ve afectada por otro de los documentos del Trade in Services Agreements (TiSA, en inglés) ya publicado por este diario.
EEUU quiere acotar el derecho a "contratar y comprar" bienes o servicios o a rechazar hacerlo "si queda probado que obedece a "consideraciones comerciales"
WikiLeaks filtró este miércoles nuevos documentos sobre el TiSA a los que Público ha accedido en exclusiva en España. Entre
ellos, el anexo sobre Empresas de Titularidad Estatal elaborado por EEUU,
que debería ser secreto hasta cinco años después de la ratificación del
acuerdo, fuerza a estas empresas a "actuar como compañías privadas", en base a "consideraciones puramente
comerciales", como asegura el análisis de la organización que dirige
Julian Assange.
Según el artículo X.4 del escrito, cada uno de los estados debe asegurarse de
que estas empresas tratan de forma
"no menos favorable" a
las sociedades extranjeras que a las nacionales, y que estas siempre actúan "de acuerdo a consideraciones
comerciales".
Como excepción sólo permite estas actuaciones "en cumplimiento de su
mandato de servicio público" si mantiene el mismo trato para el resto de
países, y acota el derecho a "contratar y comprar" bienes o servicios
o a rechazar hacerlo "si queda
probado que este tratamiento diferencial o rechazo" obedece a
"consideraciones comerciales".
El texto plantea que los organismos administrativos de cada una de las partes que regulen este tipo de empresas deben actuar "de forma imparcial" y "respetuosamente"
En
aras de la "transparencia", el texto establece también que los países
deberán publicar en una "página web oficial" una lista con todas las
empresas que cumplan estos criterios. Tendrán que actualizarla una vez al año,
y estarán obligados a aportar por escrito un rosario de datos sobre estas
sociedades si así lo requieren otros estados: el porcentaje de acciones con las
que cuentan y los porcentajes de voto que controlan; el cargo en el Ejecutivo
de los agentes gubernamentales que tengan responsabilidades en estas
empresas; los ingresos anuales de éstas y los
bienes que controlasen durante los últimos tres años; así como toda la
documentación sobre posibles auditorías externas y otros aspectos.
Y, aunque teóricamente no podrán revelar estos
datos, como explican los expertos de WikLeaks, es más que probable que los
países los utilicen para favorecer sus propios intereses.
Por otra parte, el documento en cuestión apunta además que en el marco de este
acuerdo cada uno de los países "debe asegurarse" de que cualquiera de
los organismos administrativos que establezca para regular este tipo de
empresas debe actuar "de forma imparcial", "con respeto"
por las empresas que regule, aunque estas no sean de titularidad estatal.
Límites confusos y cláusula anticrisis
Este
marco está construido sobre uno de los anexos presentados por Washington en las
conversaciones sobre el TPP, el acuerdo de libre comercio
transpacífico. Solo se aplica a
empresas en las que el Estado controle al menos el 51% del capital; una
veintena dentro de la SEPI, otras tantas vinculadas a distintos Ministerios,
como RENFE.
También en las que designe
al 51% de los directivos o tenga vías para controlar su voto, y estas deben "estar orientadas a generar
beneficios" -aunque no necesariamente lo
logren-. Esto excluye a todas las empresas en las que el Estado tenga una
participación o control menor, las
que están en manos de comunidades autónomas o ayuntamientos.
La propuesta de EEUU plantea incluir una 'lista negativa' para las excepciones: todo lo que no figure aquí será incluido automáticamente
El
texto menciona que estas normas no afectan a las sociedades que operan sin
ninguna expectativa de beneficio o las que lo hacen con el propósito de cubrir
pérdidas. Esta ambigua clasificación está referida a la empresa en su conjunto
-aunque dedique recursos a actividades que sí le harán ganar dinero- pero los
propios expertos de WikiLeaks reconocen que no hay límites absolutamente claros a la hora de
clasificar a las sociedades.
El anexo sobre Empresas de Titularidad Pública, fechado el 6 de octubre de 2015, deja la puerta abierta a que los estados incluyan
otras excepciones en lo que se conoce comolista
negativa: todo lo que no aparezca mencionado explícitamente quedará
automáticamente encuadrado en este marco.
El documento tampoco puede aplicarse sobre respuestas temporales "de emergencia económica
nacional o mundial", como recoge
una suerte de cláusula anticrisis, ni sobre fondos de pensiones independientes, a no
ser que el Gobierno les haya impuesto condiciones particulares, como la
necesidad de realizar "inversiones éticas".
Blindaje contra China
EEUU
ha tenido en cuenta hasta el último detalle; también el diseño de un mecanismo
para impedir la entrada de China, que ha
manifestado en varias ocasiones su interés por formar parte del TiSA.
El documento filtrado establece que si uno solo de los países firmantes
considera que el30% de las mayores empresas de otro
estado miembro son de titularidad pública el
primero tendrá herramientas para actuar en su contra. La norma se aplica
también a estados que quieran unirse al tratado, y establece que estas sociedades
no podrán representar más del 30% del Producto Interior Bruto de éstos.
En caso contrario, EEUU o cualquiera de sus aliados podrían exigir al resto de
estados el desarrollo de nuevas normativas para garantizar que los países en cuestión no presten
"asistencia no comercial" a sus empresas que pueda causar
"efectos adversos" a
sus intereses. Es la pescadilla que se muerde la cola.
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